La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) pidió al Gobierno federal actuar con congruencia entre el marco legal vigente en materia de jornadas laborales y la contratación de servicios de seguridad privada bajo esquemas de turnos 24×24.
A través de un comunicado, el organismo advirtió que persiste una contradicción estructural en la práctica de diversas dependencias y entidades gubernamentales, que continúan licitando servicios bajo modelos operativos que exigen cobertura continua de 24 horas por elemento.
La asociación llamó a que los entes públicos dejen de contratar servicios bajo estos esquemas, con el objetivo de garantizar el respeto a la jornada máxima de 48 horas semanales establecida en la Ley Federal del Trabajo, evitar distorsiones en el mercado y contribuir al ordenamiento integral del sector.
Dependencias como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), entre otras, siguen solicitando servicios bajo esquemas que obligan a las empresas proveedoras a replicar prácticas laborales que resultan incompatibles con la normativa vigente», indicó.
La AMESP señaló que esta situación genera al menos tres efectos contraproducentes:
- Coloca a las empresas de seguridad privada ante la disyuntiva de cumplir con la legislación laboral y perder contratos públicos, o bien acceder a licitaciones reproduciendo esquemas que vulneran el marco jurídico y los derechos de los trabajadores.
- Envía una señal confusa y contradictoria al mercado formal, debilitando el principio de legalidad cuya observancia el propio Estado busca fortalecer.
- Fomenta condiciones de competencia desleal, en detrimento de aquellas empresas que invierten en la profesionalización del sector, el cumplimiento de la ley, la seguridad social y el respeto a jornadas laborales legales.
Finalmente, la AMESP enfatizó que la seguridad privada es un sector estratégico y complementario a la seguridad pública, por lo que su fortalecimiento no puede depender únicamente de mecanismos de inspección mientras subsistan prácticas de contratación pública que, afirmó, contravienen el marco legal.
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