Transportistas, permisionarios y líderes del sector del autotransporte en Michoacán lograron que la Fiscalía General de la República (FGR) retire los retenes de las carreteras de Michoacán, luego de llegar a un acuerdo con las autoridades, a quienes les expusieron los presuntos abusos cometidos por funcionarios.

De acuerdo con una comisión de transportistas que fue recibida en la delegación de la dependencia en Morelia, las autoridades utilizaban los retenes para extorsionar a los operadores y retener la carga.

Los transportistas que se manifiestaron este lunes 24 de agosto están agrupados en la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), la Asociación de Transportistas de Lázaro Cárdenas (ATLAC) y el Sindicato de Trabajadores de las Líneas del Transporte de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), esta última por presuntos abusos en el transporte de pasajeros.

La caravana de protesta pacífica dio inicio poco después de las seis de la mañana en el punto conocido como puente del Trébol de la autopista Siglo XXI, lugar que da acceso a la Torre 8 del recinto portuario de Michoacán.

Más tarde se concentraron en la caseta de Taretan, de norte a sur, donde se ha registrado el mayor número de denuncias por abusos de autoridad.

Alrededor de las 12:00 horas arribaron a la delegación de la FGR en Morelia, en donde una comisión fue recibida.

La caravana de protesta se desarrolló de forma pacífica, con operadores que condujeron sin exceder la velocidad de 85 km/h y dejaron espacio para permitir el rebase de vehículos particulares.

    Las denuncias

    De acuerdo con las organizaciones transportistas, el delegado de la Conatram en Michoacán tuvo comunicación con un funcionario llamado Valerio, presuntamente delegado regional de la Policía Ministerial de la FGR en Michoacán, para pedirle que retirara los retenes, ya que, según las denuncias, estos son utilizados para extorsionar y privar de la libertad a los operadores de carga pesada.

    El funcionario presuntamente les exigió el pago de una cuota mensual para retirar los retenes en las carreteras del estado y aseguró que su decisión contaba con el aval de Ernestina Godoy, titular de la FGR.

    “Valerio señaló de manera textual que es su derecho poner los retenes que quiera y si queremos que los quite tenemos que pagar las cuotas mensuales. Que sus actos los avala Ernestina Godoy, fiscal de la FGR, y nadie le va a hacer nada porque él es la ley en Michoacán”, se lee en la denuncia que hizo pública Conatram Michoacán.

    Previo al acuerdo con autoridades, la Conatram destacó que esta situación les preocupaba a los transportistas de carga y de pasajeros, ya que, según sus denuncias, diariamente eran detenidos de manera injustificada y les pedían 300 mil pesos por cada tractocamión y unidad de pasajeros que detenían.

    Estas extorsiones, según las denuncias, ocurrían en todas las carreteras del estado, pero especialmente en las de Taretan, de norte a sur, Contepec y Panindícuaro, donde elementos de la FGR esperan el cruce de los transportistas para retenerlos.

    Entre los casos de extorsión se encontraban las presuntas acusaciones falsas de las autoridades en los retenes, quienes confiscan la mercancía a los operadores bajo el argumento de que no acreditaban la propiedad y que serían puestos a disposición de las autoridades, a menos que pagaran una cierta cantidad de dinero.

    También había casos en los que las empresas transportistas y de pasajeros recibían llamadas para exigirles dinero desde los celulares que les quitaron a sus operadores en los retenes.

    Los transportistas denunciaron que, aunque llamaban a los números de auxilio para pedir la presencia física de la policía, los elementos de seguridad no llegaban a atender el llamado.

    Entre las pruebas que tiene la Conatram sobre las presuntas extorsiones cometidas por las autoridades se encuentran diversos reportes al 911 y 089, dos de ellos con los folios MIC-120826-0012-22647 y URU/20260014349; en esta última llamada atendió la operadora 264.

    Estas denuncias fueron presentadas a las autoridades, a quienes señalaron que el autotransporte de carga y pasaje en Michoacán atravesaba por una situación difícil, ya que ahora debían cuidarse de dos frentes: las extorsiones y los robos por parte de la delincuencia organizada, así como de los funcionarios de la FGR que, según sus acusaciones, les cobraban una cuota para poder circular.

    Al salir de la reunión, los transportistas se mostraron optimistas por la apertura de las autoridades a escuchar sus demandas y retirar los retenes.

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