La Cámara de Senadores solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como al comandante de la Guardia Nacional establecer una estrategia integral para brindar mayor seguridad en las carreteras federales y estatales. 

En un dictamen, aprobado el 18 de marzo, los legisladores destacaron que el delito de robo a transportistas se ha incrementado en los últimos 10 años de manera gradual, pues de 4,959 robos, registrados en 2010 la cifra incrementó a 130% en 2020, con 11,451 robos reportados.

“De enero a septiembre de 2019, se registraron 8,756 delitos contra el transporte de carga, en un contexto de impunidad causado por el crimen organizado y bandas especializadas”, contextualizaron.

Asimismo, argumentaron que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estima que al menos cuatro industrias de bebidas y alimentos analizan dejar de surtir a municipios que conforman una de las zonas más peligrosas del país, integradas por Ecatepec de Morelos, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla de Baz, Tecamachalco y Tultitlán. 

En el documento aprobado, también se indica que el Código Penal Federal estipula que quien cometa el delito de robo en contra de personas que presten o utilicen por sí o por un tercero los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, se le impondrá una pena de 6 a 12 años de prisión. 

Además, cuando el objeto del robo sea de mercancías, equipaje o valores de turistas o pasajeros, en cualquier lugar durante el trayecto del viaje, con independencia del valor de lo robado, será de dos a siete años de prisión.

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