La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) advirtió que la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), incluida en la Miscelánea Fiscal del Paquete Económico 2027, amenaza la supervivencia de las agencias de vehículos ligeros y pesados, cuyos bajos márgenes de utilidad podrían dificultarles afrontar el nuevo límite a las deducciones.
La reforma a la Ley del ISR fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso el pasado 8 de septiembre, como parte del Paquete Económico. La medida modifica el artículo 78-B de esta legislación mediante un nuevo régimen de limitación de deducciones y pérdidas fiscales para grandes contribuyentes.
En cuanto al límite de deducciones, la reforma establece un nuevo tope para las empresas grandes, con una deducción máxima del 96.67% de los ingresos acumulables para aquellas con ingresos superiores a 50 millones de pesos.
La AMDA considera que este límite no debería aplicarse de manera general a todas las empresas, especialmente a las del sector automotriz, que desde 2025 se han visto afectadas por los aranceles impuestos por Estados Unidos.
“Al utilizar una fórmula algebraica, la reforma no toma en cuenta la capacidad contributiva y resulta desproporcionada porque a quien gana 3.3% casi no le impacta, pero a quien genera una utilidad del 1% tiene un incremento en el ISR de 233%”, explicó Guillermo Rosales, presidente de la asociación, el pasado 8 de octubre durante una audiencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
Los cambios de la reforma
De acuerdo con el Gobierno federal, los cambios al artículo 78-B de la Ley del ISR tienen dos objetivos: combatir la evasión fiscal mediante empresas factureras y aumentar la recaudación.
En relación con la evasión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había denunciado un patrón en el que las empresas que declaran deducciones cercanas al 100% de sus ingresos suelen recurrir a operaciones con empresas fantasma o “factureras” para simular gastos.
Por ello, la reforma establece que, si las deducciones son iguales o inferiores al 96.67% de los ingresos acumulables, no se permitirá deducir el 100% de los gastos, sino únicamente el 99%.
Si las deducciones superan el 96.67% de los ingresos acumulables, el monto total deducible quedará limitado estrictamente a ese porcentaje. Esto implica que las empresas deberán mantener un margen mínimo de utilidad del 3.33% sobre sus ingresos.
Con este mecanismo, el Gobierno federal busca combatir la evasión fiscal y asegurar que las grandes empresas paguen un impuesto mínimo sobre la renta, con lo que proyecta incrementar la recaudación en 2027.
Para la AMDA, la modificación del esquema fiscal genera presión sobre los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales y no forman parte de los grupos que recurren a factureras para cometer abusos. Esto, debido a que la comercialización de vehículos opera con márgenes de utilidad muy bajos.
“Estamos entre el 1% y 3% de margen antes de impuestos y la limitación a las deducciones nos pone en un riesgo existencial, pero, sobre todo, castiga a quienes sí pagamos impuestos, al obligarnos a pagarlos sobre una utilidad que no existe”, dijo Rosales durante el Foro Automotor AMDA 2026.
De acuerdo con la asociación, una distribuidora de autos con un margen de utilidad del 2% pasaría de pagar una tasa del ISR del 30% al 50% con esta reforma, mientras que una compañía con una utilidad del 1% pasaría de una tasa del 30% al 99.9%.
El decreto, la última alternativa
La reforma a la Ley del ISR fue avalada en comisiones por la Cámara de Senadores y remitida a la Mesa Directiva para que su discusión y votación inicien el próximo martes. El plazo para su aprobación vence antes del 30 de octubre.
Representantes de la iniciativa privada prevén que la reforma sea aprobada sin cambios. Ante este escenario, su última alternativa sería confiar en que la presidenta emita un decreto que reconozca la relevancia de la comercialización automotriz y exente de la nueva disposición fiscal a las empresas con bajos márgenes de utilidad.
Guillermo Rosales reveló que, de no modificarse las condiciones fiscales, entre el 20% y el 30% de las distribuidoras no tendrían viabilidad para continuar operando y estarían en riesgo 70,000 empleos.
La petición de la AMDA cuenta con el respaldo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).
Te invitamos a escuchar el nuevo episodio de nuestro podcast Ruta TyT:
