El diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, advirtió que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal ha sido rebasada por la nueva realidad del transporte de pasajeros.
El legislador señaló que la normativa no contempla modalidades más flexibles ni opciones con menores costos de operación, lo que eleva las barreras de entrada para nuevos competidores y ha contribuido a una alta concentración del mercado en seis grandes grupos.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), existen 899 terminales de pasajeros identificadas en el país, de las cuales 820 son controladas por particulares.
Sandoval Flores sostuvo que las grandes empresas concentran 24% de las terminales, en las que se transporta 50.2% de los pasajeros y se realizan 53.3% de las corridas.
El diputado agregó que los nuevos competidores también deben enfrentar la rigidez del actual régimen de concesiones y permisos, sin que estas restricciones necesariamente se traduzcan en mejores condiciones de servicio para los usuarios.
Durante la inauguración del “Foro Transporte para el Pueblo, Servicio Económico de Pasajeros”, consideró necesario actualizar la legislación para transparentar el uso y la asignación de concesiones, así como la distribución de espacios en las terminales.
Planteó además transparentar la información sobre la capacidad disponible en andenes, las taquillas por franja horaria y las tarifas de cada servicio, así como permitir una operación más flexible de las terminales.
Sandoval Flores enfatizó que la nueva realidad del transporte requiere incorporar modalidades distintas, entre ellas la posibilidad de que autobuses de menor capacidad puedan prestar el servicio. Esto, dijo, permitiría reducir costos de operación y ampliar la oferta de rutas para los usuarios.
A este escenario se suma el problema de los servicios de transporte que operan fuera de la legalidad. De acuerdo con cifras no oficiales citadas por el legislador, en los tramos federales circulan entre 35 mil y 50 mil autobuses sin autorización.
El objetivo es encontrar un equilibrio que permita una competencia más justa, condiciones laborales dignas y, sobre todo, un servicio de transporte seguro accesible y adecuado para las necesidades de la población”.
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