Los senadores Jesús Casillas, del PRI y Luz María Beristain (PRD), junto con los integrantes de la Comisión de Movilidad, presentarán en el pleno del Senado de la República, el proyecto: “Ley General de Movilidad” que contempla, por un lado, la priorización del espacio público para discapacitados, peatones y ciclistas, y por otro, la homologación del alcoholímetro y la verificación vehicular a nivel nacional.

Luego de reconocer que las políticas públicas de los últimos años no han sido las mejores, Casillas señaló que el objetivo de este proyecto es claro: “Apostarle a un solo modelo de movilidad, eficaz y seguro que haga más competitivas a las ciudades”.

Al presentar los detalles de la Ley, el senador manifestó que el tema de movilidad no solo debe abordarse en razón del transporte público, sino del espacio público como un derecho para tener traslados rápidos, cómodos, seguros y económicos, con base en tres aspectos:

  • Hacer más eficiente la movilidad
  • Revertir los malos efectos al ambiente que ha ocasionado la mala planeación
  • Y la seguridad vial

En concreto, la ley contempla involucrar a las entidades federativas, congresos estatales y autoridades municipales a nivel nacional, para definir cuáles serán las atribuciones de la federación, de las entidades federativas y de los municipios del país.

 

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“Si queremos hacer más eficiente el espacio público, tenemos que priorizarlo. Todos tenemos derecho, pero hay prioridades”, aseguró Casillas.

Por lo anterior, el proyecto tendrá como pilar de enfoque a las personas con discapacidad, generando la infraestructura necesaria, como rampas y banquetas adecuadas, así como lugares especiales en transporte público, en paraderos, entre otros.

El siguiente eslabón lo conforman los peatones, donde el reto será generar condiciones de infraestructura y seguridad.

Después, la Ley contempla a los ciclistas, lo que involucra generar ciclovías y lugares donde dejar la bicicleta, además de realizar campañas sociales a favor de una cultura del respeto.

Posteriormente, el objetivo es invertir en un transporte público eficiente. En este renglón, los senadores informaron que se pretende hacer un plan de incentivos para invertir en transporte público eléctrico. Además, reiteraron la importancia de diseñar un plan estratégico de movilidad que incluya la intermodalidad en todo el país, justamente considerando valores universales como la accesibilidad y bajo costo.

Y finalmente, en la pirámide de prioridades, aparece el transporte de carga, las motocicletas, el automóvil compartido y el vehículo particular.

Respecto a la seguridad vial, la propuesta va en dos sentidos. Por un lado, informaron que ya se presentó una iniciativa para reformar la Ley de Caminos, Puentes y Transporte Federal para aplicar las pruebas de alcoholimetría en carreteras federales, con réplica en todas las entidades del país.

El otro lado tiene que ver con la expedición de la licencia de conducir, donde la propuesta es que las entidades federativas puedan homologar los requisitos para este trámite.

“De lo que se trata es buscar un modelo general de exámenes físicos, de conocimientos y de pericia para saber si realmente las personas están en condiciones de conducir un vehículo. Un coche en manos de alguien sin la habilidad puede ser un arma mortal”, aseguró Casillas.

En lo referente a los incentivos para la movilidad compartida, la propuesta hace hincapié en la detonación de autos compartidos y el transporte escolar. “El reto será generar las condiciones para que los alumnos viajen en transporte escolar, de una forma segura, cómoda y a buen costo”.

Respecto al auto compartido, se trata de una política pública que otorgaría como incentivo el uso de un carril especializado para aquellas personas que transportan a más de tres personas en un vehículo, informaron.

Sobre la utilización de vehículos híbridos y eléctricos, señalaron que ya en la Ley de Ingresos se contemplan incentivos para la adquisición de este tipo de automotores, donde la idea es omitir la tenencia y el refrendo vehicular, o la devolución de los impuestos ISR.

Finalmente, y no menos importante, es que la Ley General de Movilidad pretende homologar un solo programa de verificación vehicular a nivel nacional, con lo que ahora el verificentro pueda entregar un diagnóstico completo sobre el estado físico y mecánico de los automotores.

Cabe señalar que el Sistema Nacional de Movilidad estaría integrado por una comisión intergubernamental para la movilidad sustentable, y sería el espacio de coordinación para recibir ideas y crear fondos para la movilidad, no solo a nivel de federaciones, sino también a nivel internacional, por ejemplo, al cumplir los compromisos pactados en la COP 21.

El consejo consultivo, integrado por todos los gobernadores, también tendría una función de administración, al diseñar un sistema de información con base en un banco de datos, para hacer aportaciones importantes.