El diputado panista Víctor Manuel Pérez Díaz propuso reformar el artículo 19 de la Constitución Política para ampliar los delitos por los que se podrá ordenar la prisión preventiva oficiosa como en caso de robo al autotransporte federal de carga, pasaje, turismo o transporte privado.

El legislador argumentó que este delito no es ajeno al problema de inseguridad que se vive en país. “El transporte federal de carga en México constituye un factor estratégico para el desarrollo económico del país, además de un modo de integración nacional”, expresó.

Agregó que el aumento en el robo al autotransporte ha afectado de manera importante al sector público y privado, generando pérdidas en perjuicio de la sociedad como afectaciones a pasajeros y a la cadena de producción de distintas mercancías.

Pérez Díaz enfatizó que la propuesta ha sido promovida en sinergia con CANACAR CANAPAT, CONATRAM y ANTP, quienes han manifestado en diferentes reuniones su preocupación por el incremento en la incidencia.

Además, señaló que, ante la falta de mano firme para hacer valer el Estado de Derecho, se impacta en los costos de productos de primera necesidad y, al mismo, tiempo se pone en peligro la integridad de operadores. “Basta de escuchar noticias en donde secuestran al operador o lo asesinan. Tan solo en esta semana, en el tramo carretero México-Puebla-Veracruz hubo alrededor de 17 robos al autotransporte, un operador mutilado y uno asesinado”, dijo.

La iniciativa agrega que en materia de corrupción, delitos contra el transporte ferroviario y venta ilegal de hidrocarburos; uso, posesión y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, también sean considerados en dicho artículo constitucional.

La propuesta presentada en el Pleno, se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

Cabe recordar que en octubre pasado el senador Alejandro González Yáñez también propuso incluir el robo a transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, en el catálogo de delitos graves que se establece en el artículo 19 constitucional, con el fin de que el juez correspondiente ordene prisión preventiva de oficio en contra de los implicados.