Adquirir decenas de autobuses eléctricos para el transporte público no es suficiente si una ciudad en Latinoamérica no tiene la capacidad para recargarlos o una ley de movilidad que regule esta tecnología, por lo que expertos reunidos en la edición 16 del Congreso Internacional de Transporte (CIT) llamaron a las autoridades de Latinoamérica a mejorar sus políticas públicas en materia de electromovilidad.
«Muchas de las regulaciones que están alrededor de la movilidad ni siquiera contemplan el internet», destacó Santiago Rosas, Managing Director de Wawa, al aseverar que el transporte colectivo no tiene porque ser malo. «En Europa, por ejemplo, no hay esa aspiración de comprarse un auto, nosotros como innovadores debemos ayudar a los reguladores a resolver este problema público».
Desde la sede del CIT, en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), unidad Zacatenco, detalló que el transporte es un sector político, socialmente y económicamente delicado en Latinoamérica, en donde en ocasiones los transportistas no están dignificados.
«Lo que nosotros hacemos es buscar beneficios laborales de quienes usan nuestro servicio y también de los prestadores, porque muchas veces los transportistas no están dignificados, es un sector que no está bien atendido», dijo el directivo de Wawa, una plataforma tecnológica de movilidad compartida con presencia en tres países de Latinoamérica.
Una regulación con innovación y ética
Los expertos reunidos en el segundo día de la CIT coincidieron en que las instituciones gubernamentales deben abrirse a la innovación para avanzar en un mejor transporte público y en electromovilidad.
«Las instituciones gubernamentales no deben ser el cuello de botella de la innovación, al contrario, deben abrirse a ésta y no tenerle miedo», consideró Eugenio Riveroll, CEO Dat’s Why, al resaltar la importancia de los transportistas en este proceso.
Para Sebastián Baquero, CEO de Ruedata, las empresas tecnológicas deben de coadyuvar con las autoridades para resolver los problemas de movilidad.
«Tenemos que ayudar a los reguladores, comunicándoles las propuestas que tenemos para resolver un problema público como la movilidad», mencionó durante el panel «Innovar para mover: transformando la ciudad del mañana».
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En México, desde mayo de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, impulsada por organizaciones de movilidad para reducir las muertes por hechos de tránsito en el país, pero a tres años, solo 13 entidades del país han armonizado sus leyes y reglamentos.
Los especialistas y directivos de empresas tecnológicas también puntualizaron en la necesidad de que los gobiernos implementen políticas de movilidad con ética.
«La regulación ética es importante, el entender cuáles son las implicaciones éticas en la adquisición de tecnología y en la experimentación, por eso las instituciones gubernamentales necesitan regular la ética en la aplicación de la tecnología», concluyó Andrés González Aragón, CEO de Isotopo.
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