Debido a los bloqueos registrados en las últimas 11 semanas en diferentes vialidades del país –que han derivado en pérdidas económicas para distintos sectores productivos– la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó una demanda de amparo contra el presidente Enrique Peña, secretarios de Gobierno, autoridades estatales y legisladores locales.
“En esta demanda de amparo hemos señalado como responsables al Presidente de la República, al Secretario de Gobernación, al Secretario de Educación Pública, al Procurador General de la República, a los Gobernadores de los estados de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, a los Secretarios Federales de estos estados y a los Congresos de estas demarcaciones, entre otras autoridades”, señala el organismo en un mensaje oficial.
“No se trata sólo de bloqueos temporales y de daños a carreteras, a vialidades, a plazas comerciales, a bancos o a sedes de instituciones gubernamentales, hemos sido testigos de bloqueos prolongados en carreteras y en vías de comunicación, en ferrocarriles, y en uno de los puertos más importantes del país, como lo es Lázaro Cárdenas que es la vía de abastecimiento principal para regiones industriales, comerciales y de servicios del país”, continúa.
La Coparmex detalla que la afectación es tan grave que algunos analistas financieros advierten que esto puede ser parte de las razones de una desaceleración de la actividad económica y por consecuencia de un menor crecimiento del PIB en el segundo semestre de este año.
“Es importante señalar que no buscamos represión de los movimientos sociales, cuando estos son legítimos y son sobre todo respetuosos del contexto social, económico y del desarrollo de todos. La demanda del sector patronal es para que el Estado actúe para restablecer la paz, que se respeten las garantías Constitucionales de libre tránsito, derecho al trabajo, derecho a la educación y a la libertad económica”.
Es importante destacar que este juicio de amparo es un medio de protección de los derechos humanos al alcance de cualquier gobernado, que en este caso la parte quejosa es la Coparmex en defensa de los derechos colectivos, que es quien ha solicitado en nombre de este interés colectivo la protección y el amparo de la justicia de la Unión contra los actos y sobre todo contra las omisiones de las autoridades que no están cumpliendo con su obligación fundamental de velar por la defensa de estos derechos.
