La Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado de México presentó avances del proyecto para la norma técnica, que tiene como objetivo frenar los abusos y extorsiones de los gruyeros.

En reunión de trabajo, los diputados Nazario Gutiérrez y Adrián Manuel Galicia Salceda, quienes propusieron la iniciativa, informaron que la norma considera crear regulaciones para el servicio de arrastre, salvamento, resguardo y depósito de automotores.

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La iniciativa propuesta en octubre pasado busca:

  • Reglamentar las especificaciones de un corralón para que cumpla con determinada infraestructura.
  • El corralón se debe ubicar donde el concesionario solicite la concesión.
  • Los corralones deben contar con videocámaras para evitar daños a automotores y usuarios.
  • El uso obligatorio de tabuladores de sus servicios y costos a la vista.
  • Los concesionarios de corralones y grúas cuenten con seguros para cubrir los daños en los que incurran.
  • Las grúas no tengan una antigüedad mayor a 10 años.
  • La aplicación emita recibos que no podrán pagarse en efectivo, sino en bancos y tiendas de conveniencia por medio de terminales para evitar extorsiones de gruyeros.

Durante su participación en la reunión, Nazario Gutiérrez señaló que el proyecto ha sido trabajado de forma conjunta entre Legislativo y Ejecutivo, y admitió que no todo el problema es responsabilidad de la Secretaría de Movilidad (Semovi), sino de los municipios, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, entre otras dependencias.

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Las diputadas Yésica Yanet Rojas Hernández y Carmen de la Rosa Mendoza destacaron que los gruyeros cobran 1,000 pesos por arrastre y hasta 10,000 pesos por liberar un vehículo.

De igual manera, solicitaron que las videocámaras que se usen realmente sirvan y que la aplicación digital determine si es necesario el uso de grúa, además pidieron evaluar la operación y cumplimiento de la aplicación, así como considerar una empresa estatal para estos servicios.

Por su parte, el secretario Gilberto Limón Chávez expuso que parte del problema se debe a que la norma actual que data de 2011 ya no responde a la realidad y sostuvo que se trata de un tema económico pues involucra a privados como concesionarios, pero también a las compañías de seguros.

Limón Chávez señaló que por ahora son cinco las concesiones para estos servicios y más de 100 las empresas que han solicitado una, pero se liberarán hasta que se apruebe esta nueva norma.

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