Tras su aprobación en 18 de 20 congresos estatales y la declaratoria en el Senado de la República, que faculta al Congreso de la Unión a expedir la Ley General de Seguridad Privada, las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME) se declaran listas para continuar colaborando con los legisladores en la creación de una norma moderna que dé orden y certeza jurídica al sector.

Armando Zúñiga Salinas, Presidente de ASUME, afirmó que esto representa un paso adelante en el esfuerzo por regular a las empresas de seguridad privada, a través del establecimiento de un Registro Único de Empresas, Personal y Equipo, donde serán enlistadas las casi 8,000 compañías existentes y sus más de 600,000 trabajadores en el país.

“Agradecemos al Congreso de la Unión y en especial enviamos un reconocimiento a la legisladora Juanita Guerra, Presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y al presidente del órgano legislativo, diputado Ignacio Mier por haber tenido la sensibilidad y apertura para conocer a nuestro sector durante el proceso e impulsar la reforma que permitirá sustituir la Ley Federal de Seguridad Privada que hoy se encuentra totalmente rebasada y obsoleta”, expresó el presidente de ASUME.

Para Zúñiga Salinas este paso adelante significa que, como prestadores de servicios, podrán tener una coordinación con las instituciones de seguridad pública en situaciones de emergencia y desastre; más, la parte fundamental de esta reforma permitirá establecer en una ley secundaria las competencias a los tres ámbitos de gobierno, por las que se podrán unificar los procedimientos de control y homologar la normatividad en todos los estados.

“La aprobación de esta reforma constitucional, representa un avance central para nuestro sector en el objetivo de terminar con la existencia de leyes locales tan disímbolas unas de otras e, incluso, opuestas entre sí que, en la mayoría de los casos, hoy provocan corrupción y extorsión”, agregó el titular de ASUME.

Además, dijo, la reforma dotará de certeza jurídica para la operación de las empresas de seguridad privada, al tiempo que a autoridades de los tres niveles se le ofrecerán las herramientas necesarias para regular de manera eficaz a este sector, sin perder atribuciones y para beneficio de los usuarios y la seguridad del país.

A través de un comunicado, ASUME ha insistido en que la falta de una adecuada legislación en la materia ha dado lugar a la aparición de empresas que operan en la informalidad y ofrecen servicios de baja calidad, condiciones laborales poco dignas y desprestigian al gremio.

La reforma constitucional se discutió en 20 congresos y salvo Guanajuato y Querétaro que votaron en contra, la ratificaron Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Zacatecas y la Ciudad de México.

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