Ante su preocupación por algunos aspectos relacionados a la entrada en vigor del Reglamento de Tránsito en la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) investiga la aplicación del nuevo ordenamiento.
El organismo documenta lo relacionado con una queja que recibió sobre vulneración al derecho a un medio ambiente sano en la Ciudad de México, en relación con los límites de velocidad establecidos en dicho reglamento.
Además, indaga otros aspectos que no están suficientemente claros y en los que la ciudadanía que vive y transita en la capital del país no ha recibido la información suficiente, de acuerdo a lo señalado por la CDHDF a través de un comunicado.
Entre los temas sobre los que manifiesta su preocupación son los criterios técnicos considerados para establecer los límites de velocidad fijados en el reglamento, así como la forma en la que se da certeza de que no existen fallas al reportar que se superaron esos límites.
También las bases para establecer el porcentaje de recaudación de las multas, que será otorgado a la empresa que proporciona los servicios tecnológicos; la discrecionalidad con la que servidores públicos definen el monto de la sanción dentro de los rangos establecidos.
De igual manera, sobre qué elementos se tomaron en cuenta para decidir la ubicación de los radares y el equipo de fotomultas, así como la forma en la que se da plena certeza a las personas de que no existen fallas al reportar que se superaron los límites de velocidad.
Por último, la falta de un procedimiento claro que permita dar certeza del tiempo en que se recibirá una multa, una vez que se identifica que se ha cometido una infracción al Reglamento de Tránsito; además de las medidas para garantizar que no se afecte el derecho a la imagen de las personas que sean captadas en las mismas.
La comisión indicó que ya solicitó a las autoridades correspondientes, información sobre estas inquietudes, más las que recabe de instancias académicas especialistas en la materia, para determinar posibles violaciones a derechos humanos que deberán ser atendidas en beneficio de las personas que habitan y transitan la Ciudad de México.
En este documento, la CDHDF señala que es necesario revisar la privatización del régimen de sanciones: “Privatizar implica generar incentivos para obtener ingresos. Esto es perfectamente compatible con actividades de mercado. Pero no lo es con la función sancionadora del Estado”, destaca el texto.
