Luego de que el Senado aprobó la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) con una modificación que dejó fuera a las agencias automotrices de vehículos pesados y ligeros del beneficio fiscal, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) reiteró su petición de un decreto presidencial para evitar la quiebra del 30% de los negocios.
Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la asociación, advirtió que alrededor de 1,000 agencias y 70,000 empleos están en riesgo por la Ley del ISR aprobada el martes, que limita la deducibilidad de gastos a un máximo del 96.67% de los ingresos acumulables.
Esta limitante se incluye en la modificación propuesta por el Ejecutivo al artículo 78-B, que fue votado sin cambios y establece una deducción máxima del 96.67% de los ingresos acumulables para las empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos.
El único cambio que hizo el Senado fue al artículo 78-E, para excluir a las empresas ensambladoras y gasolineras del mecanismo de control de las deducciones autorizadas y de las pérdidas fiscales. Los distribuidores automotrices quedaron fuera de esta excepción.
A través de un comunicado, Rosales explicó que la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso el pasado 8 de septiembre, como parte del Paquete Económico 2027, fue justificada como una medida para evitar abusos fiscales, como el uso de facturas falsas. Sin embargo, advirtió que la reforma termina presionando a los mismos negocios de siempre, que pagan sus impuestos.
De acuerdo con la AMDA, la utilidad antes de impuestos de las empresas distribuidoras de vehículos oscila entre el 1% y el 3%, por lo que el límite a la deducción de gastos representa un torpedo por debajo de la línea de flotación, que las llevará a pagar ISR sobre una utilidad que no existe.
“Al tratarse de una fórmula algebraica, la medida no considera la capacidad contributiva; al contrario: a menor margen, mayor tasa efectiva”, destacó Rosales.
La asociación señala que, con una utilidad del 2% sobre las ventas, la tasa del ISR pasaría del 30% al 50%; con una utilidad del 1%, se pagaría una tasa del 100%, y con una del 0.5%, la tasa del impuesto sería del 200%.
Solicitan decreto presidencial
Ante este escenario, la AMDA considera que su última alternativa es solicitar a la presidenta Sheinbaum la emisión de un decreto que reconozca la relevancia de la comercialización automotriz y exente de la nueva disposición fiscal a las empresas con bajos márgenes de utilidad.
“Consideramos que existe una alternativa para que el Ejecutivo, a través de un decreto, reconozca las actividades como la nuestra, de bajo margen de ingresos y no por abuso, sino como parte del modelo de negocio, que nos permita atenuar el impacto de esta modificación a la Ley del Impuesto sobre la Renta”, pidió la AMDA.
Para la organización, la presidenta debe considerar a profundidad el riesgo de generar un impacto que lleve al cierre de distribuidoras que no utilizan esquemas de abuso fiscal.
De acuerdo con cifras de la AMDA, la comercialización de vehículos nuevos genera 180,000 empleos directos y es una de las principales actividades que contribuyen a la recaudación de impuestos federales, como el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el ISR sobre nómina, así como de contribuciones locales, entre ellas el impuesto sobre nómina, prediales, licencias de funcionamiento y permisos de publicidad.
Guillermo Rosales detalló que la producción y la exportación de las armadoras automotrices establecidas en México han disminuido debido a la política comercial de Estados Unidos. Ante ello, una de las estrategias para evitar el cierre de líneas de producción es incrementar la producción en el país para satisfacer una mayor proporción de las ventas locales.
Agregó que esta alternativa también se ve comprometida por el debilitamiento de la red de distribuidores, a causa de la limitación a la deducción de gastos y el incremento de los pagos provisionales del ISR.
La Ley del ISR fue devuelta a la Cámara de Diputados para que analice si acepta o rechaza la modificación al artículo 78-E incorporada por el Senado. Si la aprueba, el dictamen será enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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