El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que este 16 de octubre firmará un decreto para regularizar vehículos ilegales, lo que representará un golpe al comercio automotor formal, acusó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores.

La Asociación señaló que estas acciones del gobierno federal representan una premio para las mafias que se enriquecen con el contrabando de este tipo de unidades y a la vez perjudica a comercio formal que genera empleos e impuestos, más aún con las repercusiones que ha dejado la pandemia de la COVID-19 y la crisis de los semiconductores.

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Asimismo, consideró que la ampliación de la propuesta a todo el país y no sólo a los siete estado fronterizos, ocasionará un problema mayor al sector.

La AMDA recordó que desde el pasado 29 de junio fue solicitada una audiencia con el jefe del Ejecutivo para evidenciar las repercusiones de la propuesta, anunciada originalmente el 26 de febrero en el Congreso de Baja California.

Durante julio y agosto la importación legal de vehículos usados creció entre 68.8 % y 84.9%, es decir que entraron al país entre 5,655 y 6,493 unidades adicionales.

«El fenómeno de los vehículos ilegales ahora es más evidente que nunca ante la omisión de las autoridades, incluso algunos de éstos siendo del segmento de lujo y deportivos que nada tienen que ver con la justificación social que organizaciones afirman para su regularización por apenas una cuota y sin pagar los impuestos que realmente ayudarían a mejorar sus condiciones de vida», denunció la AMDA.

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La Asociación agregó que la introducción y comercialización de vehículos usados procedentes de Estados Unidos sin cumplir las formalidades del procedimiento aduanero es un delito que se ha pretendido resolver sin éxito mediante disposiciones del Poder Ejecutivo y el Legislativo.

«La legalización que se viene provocará una baja en el valor de hasta 20% de las unidades de mismo año-modelo usadas nacionales debido a la sobreoferta que se generará, ya que el propietario al ver que su unidad usada cuesta menos decidirá posponer su venta o retardar su renovación, afectando aún más la cadena de comercialización de cambio de usado a seminuevo o de seminuevo por uno nuevo», afirmó.

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