El presidente de Corredor Insurgentes (CISA), Jesús Padilla, instó al Gobierno de la Ciudad de México a que el sector del transporte público sea incluido en el Plan Estratégico de Movilidad de la CDMX.

“Lograr que el transporte público concesionado ofrezca un servicio de calidad necesita de una tarifa competitiva o que sea subsidiado. En la capital del país los servicios de transporte que presta el Gobierno reciben subsidio, así como el sistema Metrobús, sin embargo, sería conveniente analizar cómo combinar los esfuerzos de tarifa”, señaló.

También dijo que para lograr una tarifa competitiva se deben analizar las características de cada corredor de transporte, pues como ocurre en los estados del país, que, aunque baja, ha resultado competitiva en algunas entidades de acuerdo con el modelo de servicio.

Dependiendo de la modalidad se debe plantear una fórmula que combine: demanda, tecnología y costo financiero, variables que se deben incluir en la estrategia que la Secretaría de Movilidad diseñe, pues a la fecha el sector no tiene claridad sobre qué rol tendrán los transportistas en el proceso de modernización del transporte público en la capital.

El presidente de CISA recordó que desde hace tres sexenios las autoridades locales han buscado terminar con los microbuses, sin embargo, mientras el sector del transporte no conozca la estrategia del Gobierno, no estarán en posibilidad de identificar integralmente la capacidad de cambio.

De acuerdo con el empresario, la actual administración debe considerar una política tarifaria que le permita a las empresas de transporte público ser sostenibles, renovar y modernizar la flota, trabajar en esquemas de profesionalización de los operadores y aprendizaje de buenas prácticas, así como la incorporación de nuevas tecnologías al transporte.

El transportista recordó que hoy en la Ciudad de México existen empresas que cuentan con equipos profesionales, conocimiento del entorno, capacidad de negociación con autoridades, instituciones financieras y proveedores de flota, experiencia en la operación de corredores para lograr mejores condiciones para el transporte, pero sin duda necesitan del apoyo de una tarifa para continuar con este desarrollo.

“No hay una política clara en materia de quién paga el sobreprecio del costo tecnológico; no podemos pensar en autobuses de primer mundo con tarifas de tercer mundo, existen opciones de incremento paulatino de la tarifa o esquemas de subsidio a través de las tarjetas inteligentes, donde con base en una política tarifaria el aumento sea mínimo, paulatino y accesible para quien lo vaya a pagar” aseguró el empresario.

 

Permanecen 14 mil microbuses

 

El estancamiento de una estrategia sostenida para el transporte concesionado ha permitido la pauperización del sector y la permanencia de al menos 14 mil microbuses con más de 30 años de servicio en las rutas que dan servicio de transporte concesionado en la ciudad de México, que opera sin planeación formal o con una flota adecuada.

Por el contrario se trata de unidades inseguras, contaminantes y que han superado por mucho su vida útil, lo que se traduce en una baja calidad en el servicio

“Este proceso nos preocupa porque cada día que pasa en el que en las calles se tienen 14 mil microbuses circulando la ciudad pierde en materia de contaminación, espacio público, calidad del servicio y principalmente calidad de vida para los usuarios”, indicó el líder del transporte capitalino.

Sin embargo, el presidente de CISA lamentó que, aunque en el discurso la modernización del transporte concesionado parece una prioridad para la Secretaría de Movilidad, en la antesala de los 100 días de administración, el sector no ha sido considerado para participar en el proceso.

“Yo no veo un mayor diálogo, no hemos tenido diálogo con el secretario de Movilidad, nos gustaría tenerlo. No hemos logrado tenerlo y abrir una agenda y siendo el grupo más importante de transporte público de la ciudad; simplemente no nos han convocado para nada”, cuestionó Padilla.

En este sentido, el presidente de CISA reiteró la voluntad y disposición del sector para trabajar con la autoridad bajo un escenario de certidumbre jurídica, seguridad en la operación que evite el empalme de rutas, apalancamiento financiero y de una política tarifaria que garantice la sustentabilidad del modelo de transporte.