El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) emitió una iniciativa para expedir una ley que proteja al sector automotriz y su cadena de valor.

Los diputados César Augusto Rendón y Federico Döring presentaron el proyecto para la Ley General de Fomento, Protección y Desarrollo de la Industria Automotriz y su cadena de valor.

La iniciativa detalla que su creación estaría bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con las dependencias de la administración pública.

Esto, a fin de establecer y promover esquemas de apoyo fiscal y financiero para inversión en infraestructura productiva, modernización tecnológica y capacitación de personal.

Así como diseñar y operar instrumentos financieros que garanticen la estabilidad económica del sector ante factores externos como aranceles o crisis de suministro.

Asimismo, la iniciativa presentada señala que será competencia de las secretarías de Economía (SE) la de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, aplicar acciones en materia de innovación tecnológica y digitalización.

Además de abarcar temas de electromovilidad y sustentabilidad ambiental, desarrollo de clústeres industriales regionales, facilidades y desregulación administrativa para las inversiones.

Y realizar las diligencias y procesos de investigación entre inversores, fusiones o adquisiciones encaminadas a fortalecer la inversión y el nearshoring.

Mientras que a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social le corresponderá velar y vigilar por los derechos laborales de los trabajadores de la industria automotriz y su cadena de valor.

El Grupo Parlamentario del PAN destacó que en ell ámbito del comercio exterior, la industria automotriz representa una de las principales fuentes de divisas para el país.

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Además de que el sector genera más de 980 mil empleos directos y alrededor de 4.9 millones de empleos indirectos, lo que la convierte en un motor clave del empleo formal en México.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Economía, Comercio y Competitividad y a la de Hacienda y Crédito Público para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

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