El Senado de la República emitió un exhorto a la Guardia Nacional y a las autoridades de seguridad pública de las 32 entidades federativas para que, a través de sus unidades de policía cibernética, investiguen la venta por internet de jammers, dispositivos utilizados por criminales en el robo a transportistas.
Mediante un punto de acuerdo promovido por la senadora Juanita Guerra, la Cámara alta solicitó a la Guardia Nacional y a las secretarías de Seguridad Pública estatales que investiguen, monitoreen y denuncien ante las autoridades ministeriales competentes la comercialización, distribución y oferta ilícita de los jammers en plataformas digitales, redes sociales y sitios de comercio electrónico.
En el documento, la legisladora argumentó que los inhibidores de señal no tienen un uso ordinario o doméstico, ya que están diseñados para bloquear redes de comunicación, por lo que representan una amenaza directa para la seguridad pública, así como para la vida e integridad de las personas.
“Estos dispositivos no deben ser considerados mercancías de consumo común susceptibles de comercializarse de manera abierta e indiscriminada en establecimientos físicos o plataformas digitales, pues su adquisición y uso indebido pueden producir daños inmediatos a la seguridad pública y poner en riesgo la vida de las personas”, señaló.
Piden reforzar acciones anti jammers
El punto de acuerdo exhorta a la Guardia Nacional a fortalecer sus acciones de vigilancia, investigación y verificación para combatir esta práctica; y a las autoridades de las 32 entidades federativas, en particular a las secretarías de Seguridad Pública, para que a través de sus unidades de policía cibernética identifiquen y combatan la comercialización, distribución y oferta de jammers en internet.
El documento incorpora evidencia de la venta en línea de estos dispositivos y recuerda que son utilizados por organizaciones criminales para cometer robos de vehículos y mercancías, al impedir la localización de las unidades mediante sistemas GPS y dificultar la actuación de las autoridades.
Venta de jammers constituye un delito
El exhorto recuerda que los jammers se comercializan de manera abierta en diversas plataformas, a pesar de que su fabricación, comercialización, adquisición, instalación, portación, uso y operación constituyen un delito previsto en el artículo 168 ter. del Código Penal Federal.
La legislación establece penas de entre 12 y 15 años de prisión para quienes incurran en estas conductas.
En este contexto, el Senado advirtió que permitir su venta como si se tratara de cualquier otro producto electrónico facilita el acceso a herramientas potencialmente utilizadas para la comisión de delitos y para afectar servicios estratégicos del Estado mexicano.
Asimismo, recordó que tanto el Código Penal Federal como la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión prohíben el uso de bloqueadores o inhibidores de señal.
La ley únicamente autoriza su utilización en centros de reinserción social, establecimientos penitenciarios y centros de internamiento para adolescentes, bajo condiciones específicas.
ANERPV aplaude el exhorto
Tras la publicación del punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria, este 23 de junio, la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) respaldó la iniciativa.
Luis Villatoro Martínez, presidente de la asociación, aseguró que existen zonas del país donde se generan “hoyos” de comunicación que impiden el funcionamiento de sistemas GPS y de telefonía celular debido al uso de jammers por parte de grupos delictivos dedicados al robo de unidades de carga.
Agradecemos este primer paso que se da con apoyo del Senado de la República y particularmente de la senadora Juanita Guerra, quien nos abrió la posibilidad de impulsar esta propuesta que hoy se ha hecho oficial a través de la Gaceta Parlamentaria”, expresó.
En 2024, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (AMESIS) informó que ocho de cada 10 robos al transporte de carga son cometidos con el uso de inhibidores de señal, situación que, según la organización, evidencia la falta de aplicación efectiva de la llamada Ley Anti Jammers.
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