El gobierno de Puebla informó que los  actos de corrupción más altos, se han detectado en el sistema de movilidad de la entidad, lo cual implica una erogación de 234 mil mdp en beneficio de las empresas, durante casi 28 años de dura la concesión.

Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, indicó que en cada obra y dependencia estatal que la actual administración ha investigado, se han detectado enormes hechos de corrupción, siendo los más graves en el sistema RUTA.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario estatal garantizó que los usuarios no se verán afectados en tanto se restablece todo el sistema de operación en el cobro del servicio.

Rodolfo Chávez Escudero, director general del Sistema Estatal de Carreteras de Cuota Puebla (CCP),  explicó que RUTA es un modelo creado con dolo y con sobreestimación y sobre precios en obra, operación y concesiones. De no hacer ajustes, las siguientes administraciones pagarán hasta 234 mil mdp en un plazo de 28 años.

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En este sentido, indicó que en caso del recaudo a cargo de la empresa Conduent Solution, retienen el 38% del cobro total que se hace a los usuarios por el servicio. Mientras que la empresa Cinco M Dos, quien obtuvo por 20 años la concesión para la publicidad, no otorga ni un solo peso al estado, además de no cumplir con ofrecer internet en paraderos ni unidades.

En el caso del registro de cobros, se identificó un sobrecosto de casi 2.5 mdd, ya que su cotización actual en el mercado es de 680 dólares y la empresa aportó un precio unitario de 19,708 dólares.

Asimismo, comentó que Banobras informó que para RUTA Puebla se debían construir dos fideicomisos (infraestructura y operación); sin embargo, el gobierno solo estableció el de infraestructura, del cual, el de la línea 1 sigue funcionando, el da la 2 quedó inactivo y el de la 3 ni si quiera fue conformado.

En los rubros que comprende la inversión privada, explicó Chávez Escudero, se observa que el equipo de transporte reporta una inversión de 200 millones de pesos, cifra que presenta un sobrecosto del 6% respecto a las facturas de unidades que se presentaron.

Finalmente, la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro señaló que el mantenimiento de las cláusulas por el manejo abusivo del convenio, generaría una presión en las finanzas públicas por las diversas variables involucradas: precio en el diésel, salario mínimo, tipo de cambio e inflación.