Miguel Ángel Barbosa, Gobernador de Puebla, presentará una iniciativa de reforma al Código Penal del estado para tipificar como delito la venta de vacunas apócrifas contra el coronavirus SARS-CoV2, imponiendo hasta siete años de prisión por este delito.
En videoconferencia de prensa en Casa Aguayo, el mandatario precisó que el objetivo es proteger a las y los poblanos y evitar que algunas personas abusen de la situación que se vive por la pandemia de COVID-19.
Barbosa Huerta enfatizó que su administración no permitirá que exista engaño o fraude en este tema, por lo que es necesario realizar las reformas correspondientes.
“Lo digo de manera muy clara: quien se presente ante cualquier persona, grupo de personas o población, para vender lo que intente ser una vacuna contra el COVID, y todavía la aplique, lo vamos a meter a la cárcel. No vamos a permitir una estafa a la gente”, compartió el Gobernador de Puebla.
Indicó que, a más tardar mañana, su propuesta será enviada al Congreso del Estado de Puebla para su análisis y aprobación. “Vamos a proteger a nuestra sociedad, que no sea objeto de más daño por parte de quienes ven la oportunidad de obtener de manera ilícita ingresos a través del engaño”, dijo.
Por su parte, el consejero jurídico Ricardo Velázquez Cruz detalló que la propuesta busca modificar el artículo 404 del Código Penal de Puebla para aumentar la fracción vigésima primera que estipulará lo siguiente: “A la persona que venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte sustancias que se ofrezcan como vacunas contra el SARS-CoV-2 (COVID-19) falsificadas, alteradas, contaminadas o adulteradas, ya sea en establecimientos o cualquier otro lugar. O las que vendan y entreguen sustancias falsas o que no estén autorizadas por la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), o que siendo verdaderas, originales y autorizadas no las entreguen”.
Además, precisó el funcionario de Puebla, la iniciativa aumentará la fracción V al artículo de penalidad que es el 403 para establecer que aquellas personas que cometan estas conductas se les impondrán de cinco a siete años de prisión. Dicha sanción se incrementará hasta en una mitad cuando el delito lo cometa un profesional de la salud, a quien además se le suspenderá su cédula profesional o licencia comercial por 10 años para el derecho de ejercer su profesión o comercio.
