Luego de anunciarse que este 26 de febrero el Congreso de Baja California busca aprobar el censo de vehículos «chocolate», organismos y asociaciones del sector automotor expresaron su rechazo y solicitaron la intervención de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y de Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público para evitar que el Gobierno estatal transgreda las facultades de la federación y principios constitucionales.
La iniciativa de Ley que pretende legalizar el contrabando de automóviles, camiones, autobuses, motocicletas y remolques en Baja California señala que mediante un pago de $1,000, los vehículos «chocolate» tendrán derecho a recibir placas metálicas y tarjeta de circulación.
Organismos como la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) y la Industria Nacional de Autopartes (INA) solicitaron la intervención federal para que se respete el cumplimiento de los Acuerdos signados entre el Gobierno de Baja California y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las asociaciones manifestaron que esta iniciativa viola los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad en el pago de contribuciones y cumplimiento de obligaciones aduaneras, pues pretende regular la ilegalidad y el contrabando al incentivar el incumplimiento de las disposiciones federales cuando trata de conceder derechos de registro a los vehículos “chocolate”.
Añadieron que el ejecutivo debe advertir y en su caso sancionar a los funcionarios públicos de Baja California, pues de aprobarse la iniciativa serán acreedores a las sanciones del delito de contrabando y la aplicación de la Ley Federal de Delincuencia Organizada.
“En el sector automotor hemos visto con beneplácito la actual política de combate a la corrupción, consideramos que es inconsistente apoyar cualquier acción que emane de un acto de ilegalidad, instaurándose así, la oficialización de un perverso incentivo a la impunidad”, señalaron las asociaciones.
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