El diputado Francisco Javier Borrego Adame presentó una iniciativa para reformar el artículo 38 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el fin de que los usuarios del autotransporte de carga federal sean igualmente responsables que permisionarios y operadores, y sean sancionados y multados por daños causados durante la prestación del servicio.

Presentada ante la Comisión Permanente del Congreso, esta iniciativa del legislador morenista señala que los correctivos serían aplicados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Policía Federal y/o la Guardia Nacional –en el ámbito de sus respectivas competencias– para evitar accidentes particularmente relacionados con trasladar sobrepesos en las vías terrestres del país.

Borrego Adame argumentó que la falta de aplicación efectiva de la reglamentación en relación con pesos y dimensiones del autotransporte de carga, ocasiona que los sobrepesos perjudiquen no solo la infraestructura vial, sino que pongan en riesgo significativo a otros usuarios de carreteras federales.

Reconoció que existen ciertas conductas que privilegian el costo por tonelada-kilometro a pesar de ser consciente de las infracciones a que está sujeto. Esta violación, aseguró, en ocasiones es también cometida usuarios de estos servicios y aceptada por transportistas, aunque legalmente éstos son los responsables.

El legislador insistió en que es urgente que la SCT, la Policía Federal y/o Guardia Nacional, lleven a cabo las acciones pertinentes que permitan acreditar la aplicación efectiva de la corresponsabilidad y aporten evidencia de las actividades que realizan para disminuir la violación a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y de la normatividad en materia de pesos y dimensiones.

La propuesta modificaría el artículo 38 de esta ley quedando de la siguiente manera: “Los permisionarios de los vehículos son solidariamente responsables con sus conductores así también como los usuarios, en los términos de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones legales aplicables, de los daños que causen con motivo de la prestación del servicio”.

Ésta fue turnada de manera directa, para estudio y dictamen, a la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados.

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