La Comisión Permanente de la Cámara de Diputados instó a los municipios de García, San Pedro Garza García y Ciénega de Flores, en Nuevo León, así como al Gobierno del estado a frenar los abusos de tránsito y de los servicios de grúas cometidos contra los transportistas.
Mediante un punto de acuerdo presentado esta semana por el diputado Francisco Javier Borrego Adame, se solicitó a estos tres municipios —señalados como focos rojos por las extorsiones al autotransporte de carga— la instalación de una mesa de trabajo con la Secretaría General de Gobierno de Nuevo León y representantes del sector transportista, con el fin de atender esta problemática.
El exhorto también plantea la necesidad de avanzar en la armonización de los reglamentos municipales con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, vigente desde mayo de 2022.
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Supervisión del servicio de grúas por la SICT y Nuevo León
Otro de los puntos relevantes abordados desde la Cámara de Diputados fue el llamado al Gobierno del Estado de Nuevo León y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para reforzar la supervisión de los servicios de grúas y corralones.
El objetivo es garantizar la aplicación obligatoria del Sistema Informático de Registro de Servicios (SIRSE), el respeto a los tabuladores de tarifas autorizadas y el cumplimiento de los permisos y concesiones vigentes, a fin de evitar cobros indebidos al sector transportista.
Asimismo, desde Diputados se solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León que sus operativos se realicen con apego a la ley y a sus funciones de investigación del delito, ante reportes de detenciones arbitrarias y revisiones ilegales a transportistas.
En este mismo punto, se pidió establecer y difundir mecanismos claros de identificación, atención y denuncia de las acciones realizadas por los agentes de investigación.
El punto de acuerdo se da a conocer en la misma semana en que integrantes de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) denunciaron una serie de abusos en los municipios de García, San Pedro Garza García y Ciénega de Flores, presuntamente cometidos por agentes de tránsito en colusión con servicios de grúas.
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