La reforma constitucional que reconoce el derecho a la movilidad y seguridad vial ya fue aprobada por 17 congresos estatales, lo que permitirá hacer la declaración de constitucionalidad y su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF),
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que ya son 17 estados que aprobaron la minuta de reformas con el objetivo de garantizar el derecho a la movilidad y seguridad vial en condiciones accesibles, eficientes e inclusivas.
Los congresos de Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Tabasco, Quintana Roo, Chiapas, Guerrero, Estado de México, Michoacán y Colima han dado su voto a favor a la reforma constitucional.
“El gobierno de México ratifica su compromiso para el trabajo coordinado de todos los órdenes de gobierno para que podamos llegar a esta armonización legislativa del marco normativo en materia de movilidad”, indicó la secretaria de Gobernación.
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Ante este panorama, la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM) celebró la aprobación, por parte de los diputados federales, la inclusión de la movilidad como derecho constitucional.
La AMAM indicó que con este logro, el país podrá establecer un marco normativo a nivel nacional que apoye a la armonización de cambios para una mejor rectoría de la movilidad tanto a nivel federal como local.
Asimismo, consideraron que será un paso clave para la equidad, pues el país, el acceso a las alternativas de movilidad es sinónimo de oportunidades urbanas para acceder de manera segura al trabajo, educación, salud y ejercer el derecho una mejor calidad de vida.
En este contexto, la asociación propuso establecer como líneas de acción para un análisis inmediato la promoción de programas de incentivos fiscales en el transporte público, particularmente para los sistemas integrados.
Además, promover la gestión para la asignación de subsidios a las políticas de movilidad urbana sustentable que estén enfocadas en mejorar la calidad y seguridad del sistema, así como el fortalecimiento institucional para mejorar la regulación y concurrencia de leyes.
