Con el propósito de fortalecer los lazos de cooperación con el Estado de México, así como hacer un frente común contra la inseguridad, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) sostuvo un encuentro con autoridades de seguridad y procuración de justicia de la entidad.

Durante el encuentro, José Refugio Muñoz López, vicepresidente de la CANACAR, señaló que en enero de este año, el robo al transporte de carga incrementó 17 por ciento, comparado con el mismo mes de 2018, al pasar de 949 a 1108 delitos consignados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, apuntó que en el Estado de México fueron consignados 456 robos, lo que refleja un 75 por ciento más, lo que consideró un fenómeno preocupante para los empresarios del sector.

El directivo de CANACAR solicitó el establecimiento de una estrategia integral en la que pueda prevenirse el robo al autotransporte, estandarizar la persecución del delito y agilizar la devolución de unidades recuperadas.

Por su parte, Jorge Peña Sandoval, delegado de la FGR de la entidad, reconoció que el estado no cuenta con ministerios públicos suficientes para atender las demandas de la población. Sin embargo, indicó que se echará a andar una mesa de trabajo con la participación de titulares de organismos de seguridad federal y estatal.

Finalmente, adelantó que la Guardia Nacional traerá buenas noticias para el Estado de México, toda vez que el gobierno federal planea incrementar el número de recintos ministeriales, lo que impulsará la investigación y persecución de delitos, con la llegada de al menos siete mil militares a la entidad.

Cabe destacar que en dicha reunión se alcanzaron acuerdos como la agilización de la devolución de unidades recuperadas, la instalación de una mesa especializada para atender el robo de transporte y la sesión periódica de la CANACAR con titulares de todas las dependencias de seguridad estatal.

En el encuentro también participaron Alejandro Salas Martínez, vicepresidente Región Centro de CANACAR, y Olimpia Hernández, directora jurídica del organismo.