La Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) dio a conocer que continúan participando en discusiones y mesas de negociación para evitar que las medidas incluidas en los reglamentos de tránsito de los municipios metropolitanos de Nuevo León afecten la circulación del transporte de carga.
En la emisión semanal de ANTP Radio, la organización señaló que específicamente les preocupa el cobro de cuotas de autorización para transitar por determinadas vialidades, medida que se encuentra presente en los dos reglamentos que a la fecha se han publicado: el de San Nicolás y el de Guadalupe.
Al abordar el tema, Patricia Vizcaya, Gerente Jurídico y de Normatividad de ANTP, explicó que existe incertidumbre pues se desconoce el procedimiento que se seguirá para determinar el monto que pagará cada transportista, dado que estos reglamentos sólo indican un rango de 2-22 cuotas para vehículos de reparto y de 22-75 cuotas para unidades de distribución, sin detallar en qué casos se cobrará una u otra tarifa.
Agregó que otra de sus inquietudes es que al haberse planteado que estos reglamentos serían homologados, se esperaba una centralización del registro de vehículos que tendrían permiso para circular, así como del sistema de recaudación; sin embargo, apuntó, todo parece indicar que cada municipio tendrá su propio control sobre el cobro de cuotas y las autorizaciones de tránsito.
Recordó que los dos reglamentos publicados entrarían en vigor en enero y ya que, dijo, las negociaciones no han generado resultados favorables, la ANTP se encuentra preparada para presentar un amparo e impugnar estas medidas, con el objetivo de evitar afectaciones a sus agremiados.
Comentó que se encuentran a la espera de la publicación de los reglamentos de los otros municipios metropolitanos, a fin de poder revisarlos y en su caso, emitir recomendaciones o sugerencias. Asimismo, refirió que luego de la reunión sostenida el martes con el Director General de Autotransporte Federal, Adrián del Mazo, permanecerán pendientes para ver si hay posibilidad de que las negociaciones continúen y se puedan modificar estos apartados en los ordenamientos ya promulgados y en los que aún falta publicar.
