Los integrantes de Onexpo consideraron que las reformas a la Ley de Hidrocarburos requieren, para su aplicación y cumplimiento, adecuaciones reglamentarias que definan procedimientos y, que a su vez, subsanen aspectos de alta subjetividad presentes en el texto aprobado.

A través de un comunicado, expresaron que, como toda ley, ésta debe ser de aplicación general y ofrecer certeza jurídica a las operaciones de los particulares como sujetos obligados.

“Solicitamos a la Secretaría de Energía, responsable de la política energética del país, así como a las autoridades e instituciones encargadas de instrumentar la reforma, abrir un espacio de audiencia conveniente y expedito que permita definir y conocer el alcance y obligaciones de los permisionarios”, apuntaron.

En este contexto, señalaron que la reforma no establece definiciones sobre las posibles causales de suspensión, lo que coloca al permisionarios en franca incertidumbre e indefensión jurídica por la discrecionalidad de quien puede ejercer este precepto.

Además, añadieron que la nueva disposición establece que cualquier permisionario de la cadena de valor de los hidrocarburos será sujeto de revocación de permisos, al no cumplir con los requisitos correspondientes en la Ley de Hidrocarburos. Ese margen de aplicación, indicaron, debe considerar la gradualidad de las sanciones establecidas en las leyes aplicables. 

En cuanto a la adición del artículo 59 BIS que establece el procedimiento de suspensión, la Onexpo argumentó que genera incertidumbre económica para los inversionistas que se encuentren operando, así como para los futuros proyectos que requieren financiamiento. 

Para la regulación asimétrica, la cual se encuentra en proceso de promulgación, los integrantes de Onexpo consideró fundamental asegurar que los descuentos y beneficios en ventas de primera mano y de comercialización que realice la empresa productiva del estado, no se otorguen e manera discrecional y discriminatoria.

“Consideramos que urge impulsar proyectos donde converjan gobierno e iniciativa privada bajo reglas y acuerdos claros. Ni el Estado ni el mercado, garantizan por separado la reactivación económica, la creación de infraestructura estratégica, el crecimiento y el desarrollo con generación de empleo y bienestar social”, añadieron en el comunicado.

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