A una semana de que concesionarios del transporte público en Nuevo León incrementarán la tarifa del servicio sin autorización de las autoridades de movilidad, el grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano del Congreso estatal solicitó considerar el acto como delito de imposición.

El coordinador de la bancada naranja, Eduardo Gaona, informó que presentará una iniciativa para modificar la Ley de Movilidad del estado y que estas gestiones sin previa autorización tengan sanción penal de tres a nueve años de prisión.

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Asimismo, el diputado local enfatizó que, por vulnerar el derecho humano a la movilidad, para futuros casos se buscará que los empresarios ya no puedan obtener una nueva concesión para prestar los servicios.

Las personas físicas o jurídicas que deseen prestar el servicio público de transporte colectivo de pasajeros requerirán de una concesión, cuyo otorgamiento y condiciones son de utilidad pública y de interés general

Diputado Eduardo Gaona

En tanto, Gaona detalló que los concesionarios del servicios público de transporte están obligados a difundir la tarifa y los cambios que existan en ella de forma pública y permanente para el conocimiento de los usuarios, en lugares visibles de sus vehículos, terminales y bases de rutas.

El legistlador destacó que aunque el Instituto de Movilidad y Accesibilidad estatal cuenta con las facultades para aplicar las debidas sanciones en estos casos, con la iniciativa quedará establecida la afectación directa en el derecho humano a la movilidad en caso de una movidificación a las tarifas sin previa autorización de la Junta de Gobierno.

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