El desarrollo portuario sostenible exige certeza jurídica y una integración entre entre lo técnico y lo jurídico, sobre todo tras los cambios regulatorios que provocó la transferencia de los puertos de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Secretaría de Marina (Semar) .
Luz Alicia Iturbe De Garay, consejera Jurídica de la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas fue enfática al señalar:
Sin certeza jurídica, no hay desarrollo portuario.
“Nadie va a ir a invertir por muy fuerte que sea el proyecto en infraestructura, técnicamente hablando, si no hay una certeza jurídica”, comentó al participar en la conferencia “Situación actual del Sistema Portuario Nacional: en dónde estamos y hacia dónde debemos ir”.
De SCT a la Semar
En la conferencia organizada por el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), la especialista explicó que la transferencia del sector portuario de la entonces SCT a la Semar transformó los procesos regulatorios y exige nuevas estrategias de coordinación.
Por esta razón las autoridades se deben acercar hacia las asociaciones especializadas en obras, infraestructuras y normas, pues el reto no es técnico o jurídico, es de integración.
Entre los cambios que se originaron por esta transferencia a la Semar, la consejera jurídica de la API Tamaulipas destacó: procesos regulatorios más exigentes; supervisión técnica más estricta; prioridades técnicas que retrasan las autorizaciones y menor relación con inversionistas.
Atraer inversión
De acuerdo con Iturbe De Garay, con la transferencia a la Semar disminuyó la promoción a la inversión en los puertos, detalló que anteriormente la relación con los inversionistas se fomentaba, el trabajo de un administrador portuario es buscar inversión para su puerto, apuntó.
“A veces el ser tan estricto en su formación militar, pues nos aleja un poquito de la cuestión comercial”, comentó.
En su oportunidad, Jesús Campos López, presidente del XVI Consejo Directivo del CICM, señaló que la transferencia del sector portuario marcó un punto de inflexión en la gobernanza portuaria.
Asimismo, modificó procesos regulatorios, la supervisión técnica, las prioridades, las estrategias y los tiempos de autorización en la relación con los inversionistas.
En este sentido Campos López expuso que actualmente se enfrentan retos tales como equilibrar el control y la competitividad en los puertos, cómo dar certeza jurídica al inversionista sin sacrificar la rectoría del Estado
“Cómo modernizar nuestros puertos para responder a las demandas y al reordenamiento del comercio global y cómo integrar la ingeniería y el derecho desde la planeación misma a cada proyecto”, señaló.
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