En el marco de la glosa del primer informe de Gobierno de Alfredo del Mazo Maza al frente de la administración del Estado de México, Raymundo Martínez Carbajal, titular de la Secretaría de Movilidad de la entidad, compareció en el Congreso local donde diputados debatieron la aplicación de los lineamientos establecidos en la Gaceta de Gobierno del 20 de marzo de 2018.

El diputado Tanech Sánchez Ángeles cuestionó si este decreto, que estipula los requisitos que deben cumplir las unidades del transporte público para brindar seguridad, han disminuido los delitos, y enfatizó que la seguridad de los ciudadanos es responsabilidad del Gobierno, por lo que el gasto no debería recaer en los transportistas.

El legislador morenista criticó los avances del Programa de Reordenamiento estatal, pues de las 168,000 concesiones, 73,000 están vencidas y 32 vencerán en diciembre de este año, además de que solo en 6,700 unidades se han instalado cámaras de videovigilancia, botones de pánico y sistemas de posicionamiento global.

Por su parte, Javier González Zepeda, del PT, lamentó que con la Gaceta del 20 marzo el Gobierno estatal no haya considerado la seguridad del usuario ni las condiciones de trabajo de los transportistas, pues la tecnología que debe aplicarse en las unidades de transporte público no cuenta con condiciones de operatividad para zonas rurales o donde la seguridad pública es deficiente.

Asimismo, dijo no estar de acuerdo en que la administración estatal delegue funciones de seguridad pública a los transportistas, quienes deben pagar el equipamiento de seguridad de las unidades.

La diputada panista Brenda Escamilla lamentó que la movilidad se vea desde tres enfoques diferentes: el del Gobierno del estado y sus cifras optimistas, el de los concesionarios y su preocupación por la Gaceta del 20 de marzo, y el de los ciudadanos que sufren a diario las consecuencias de tener un transporte público al que califican como inseguro, insuficiente, deficiente, desordenado y caro.

Recordó que una promesa de campaña de Alfredo del Mazo fue disminuir el robo al transporte público, situación que no ha cumplido, ya que, de acuerdo con cifras del INEGI, 95% de la población manifestó que el transporte público es el espacio en donde más insegura se siente.

En su intervención, Raymundo Martínez declaró que es el primero en reconocer las condiciones graves en las que se encuentra el sector. Explicó que la irregularidad y la falta de ordenamiento son dos causas fundamentales del problema del transporte público, y que las acciones para contrarrestarlas no son sencillas ni generan simpatía en el sector transportista.

También aceptó que los transportistas requieren subsidios, pero primero éstos deben ser ordenados y regularizados, ya que con las condiciones actuales son los gestores los que se benefician; admitió que en las ocho últimas ocasiones en las que se ha entregado subsidio no se ha tenido avance en la regularización.

Dijo que la aplicación de la tecnología en el transporte público ha permitido que 6, 700 unidades sean monitoreadas en el Centro de Control y Gestión de la Operación de Transporte Público enlazado al C5 de la Secretaría de Seguridad, además se han aplicado 386 operativos a 28,000 unidades, de las cuales 3,700 fueron sancionadas y retiradas de circulación.

En este sentido agregó que se hace una revisión cotidiana de 8,000 unidades de transporte público en el Mexipuerto Cuatro Caminos de Naucalpan, y se aplicaron 616 operativos con 86,400 exámenes toxicológicos y de alcoholemia, de los cuales 370 operadores fueron sancionados al resultar positivos.