La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) advirtió que el incremento al Impuesto Sobre Nómina (ISN) propuesto por el Gobierno de Nuevo León representa un alza del 33% en un gravamen que incide directamente en la generación de empleo formal.
El organismo subrayó que el empleo formal es un pilar de la estabilidad social y económica, por lo que cualquier aumento en la carga impositiva eleva los costos laborales de las empresas, especialmente en un contexto marcado por la imposición de aranceles y la incertidumbre derivada de la revisión del T-MEC.
Además, de que el impuesto propuesto en el presupuesto 2026 de la entidad, reduciría los márgenes operativos y dificultaría la creación de nuevas plazas en un contexto desfavorable para el crecimiento.
Nuevo León, uno de los estados más dinámicos del país, quedaría en desventaja competitiva frente a entidades que ofrecen mejores condiciones para operar y producir. Se afectarían también las exportaciones del estado y la atracción de inversión de empresas nacionales y sobre todo extranjeras», subrayó.
La Concamin agregó que un aumento de este tipo podría derivar en efectos adversos como: menor contratación formal, desincentivos a la inversión y riesgos de aumento de la informalidad, además de un impacto en la competitividad regional.
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Lo que tenemos que hacer es, al contrario, ayudar a las empresas a crecer, a ser más competitivas, a sustituir importaciones y a que las pequeñas y medianas empresas se unan y formen parte de las grandes cadenas de valor. Por ello, hace un llamado al Congreso de Nuevo León para evaluar cuidadosamente las consecuencias económicas y sociales de aprobar este incremento.
Empresarias de NL se suman a la advertencia
La Comisión de Mujeres Industriales de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (CAINTRA), presidida por Malkah Eluani, e integrada por empresarias PYME se posicionó en contra del incremento al Impuesto Sobre Nómina propuesto en el Paquete Fiscal 2026.
Las empresarias hicieron un llamado conjunto al Gobierno estatal y al Congreso del Estado para evitar una medida que desincentivaría la contratación formal, encarecería la operación y limitaría el crecimiento del tejido empresarial PyME.
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