El Congreso de Nuevo León aprobó las modificaciones a la Ley Estatal de Salud con el fin de que la autoridad sanitaria de la entidad pueda declarar, en los casos de emergencia, como obligatorio el uso de cubrebocas.

El dictamen, presentado por la diputada Itzel Castillo, modifica los artículos 119, 129 y 132 de esta legislación para determinar que durante el tiempo que permanezca la emergencia sanitaria declarada por la autoridad estatal competente, se podrá declarar el obligatorio el uso del cubrebocas para todas las personas, excepto para los menores de dos años, y permanecerá vigente hasta que la misma autoridad declare oficialmente su conclusión.

A detalle, se sancionará con multa equivalente de hasta cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la violación a las nuevas disposiciones, la cual se podrá conmutar por arresto administrativo hasta por 36 horas o por trabajo en favor de Ia comunidad hasta por ocho horas.

Menciona también que las personas de dos a 18 años de edad y con discapacidad intelectual no serán sujetos de sanción, pero la falta de uso del cubrebocas será responsabilidad de los padres de familia, tutores, representantes legales o de quienes tengan a su cargo su guarda y custodia.

“Estamos conscientes que el uso obligatorio del cubre bocas es una medida necesaria que permitirá suprimir la transmisión de virus. Por lo que consideramos que la presente reforma que se nos presenta, atiende a la necesidad de fortalecer los mecanismos y acciones para la debida protección de la salud pública de las personas en general y para establecer la sanción a quienes no cumplan con las disposiciones sanitarias correspondientes», señaló Itzel Castillo.

Aprobado con 26 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones, la modificación está a la espera de en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

Los ayuntamientos tendrán un plazo de 10 días naturales contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del decreto, para que establezcan en sus Reglamentos de Policía y Buen Gobierno o de Justicia Cívica, según el caso, el uso obligatorio del cubrebocas por parte de la población cuando así lo determine la autoridad sanitaria estatal.

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