La reforma a la Ley de Hidrocarburos afecta a toda la cadena de suministro, desde los comercializadores hasta a los transportistas y almacenistas, debido a que la ley no especifica a qué permisionarios se refiere la reforma, indicó Valeria Vázquez Maulén, experta de Deloitte.

Durante el webinar ¿Qué sigue con la reforma a la Ley de Hidrocarburos?, organizado por Onexpo, la especialista señaló que la posibilidad de que los permisos sean suspendidos cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, energética, o para la economía, afecta indirectamente a los transportistas.

“El transportista es un eslabón importante en la cadena. Con una revocación de permiso, éste se quedará en un limbo jurídico y operativo y corre el riesgo de cumplir una suspensión de servicio por la seguridad nacional”, explicó. 

Detalló que de acuerdo al artículo 51, que habla de que, en general, los permisos deben acreditar la capacidad de almacenamiento,  no se especifica cuáles son los permisionarios que deben cumplir con esta modificación.

En cuanto al artículo 56, que se refiere a que se podrán revocar los permisos por el incumplimiento de las disposiciones aplicables a cantidad, calidad y medición de hidrocarburos, explicó que es una repetición de facultades que la ley ya confería a las autoridades.

“El mercado ilícito siempre ha sido un problema porque representa una competencia desleal. La autoridad siempre ha podido castigar este tipo de conductas. Contra este artículo no vemos muchas impugnaciones”, subrayó.

Para el artículo 57 que propone que el estado puede quitar la instalación y tomar el control del permisionarios para salvaguardarar el interés de la nación, Valeria Vázquez argumentó que es una decisión inconstitucional.

“Esta modificación abre una puerta delicada a que una autoridad, sin motivo concreto tome el control de las instalaciones. Una cosas es que suspendan una actividad y otra es que priven a los permisiones de una inversión y de un derecho”, declaró. 

Bajo estos lineamientos, la especialista recomendó a las empresas evaluar, a detalle, el riesgo de cada artículo para saber en cuál se puede proceder y con las que se podría tener una afectación en los intereses jurídicos.

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