Si bien datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informan que el robo a autotransporte disminuyó durante 2020 y el primer trimestre de 2021, la firma Sensitech señala que la indecencia de este delito aún se considera en un nivel de riesgo severo.

Y es que si bien entre enero y marzo fueron cometidos 2,030 delitos, 195 menos que en igual lapso de un año atrás, el problema en el sector es que estas acciones no han logrado desaparecer por completo. Ante este escenario, el Termómetro TyT indagó –a través del Twitter @revistatyt– entre las acciones que las autoridades deben aplicar para inhibir el robo a autotransporte, además de incrementar la vigilancia en carreteras.

El 38% de los participantes consideró necesario implementar mecanismos anticorrupción. Y es que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), policías responsables de tránsito, son identificados por la población como las autoridades de seguridad más corruptas, seguidos por los policías municipales.

Alejandro Desfassiaux, Presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, ha señalado que la corrupción en las policías municipales y estatales complica los procesos de seguridad, ya que están coludidas con el crimen organizado en el 98% de los casos.

Blindar con mecanismos anticorrupción a los responsables de la vigilancia y primeros respondientes en caso de un robo, consideran los participantes en el Termómetro TyT, ayudarían combatir el robo contra el autotransporte.

Por otro lado, el 27% de los participantes en este ejercicio de opinión, señaló que dar celeridad en las denuncias.

Pese a que el robo a autotransporte ya es considerado un delito federal y grave, lo que permite reducir la burocracia en la denuncia y que los implicados lleven su proceso en prisión preventiva, los expertos han considerado que aún hace falta un sistema sólido de investigación y a creación de una política criminal para analizar el fenómeno de este delito.

Asimismo, María de los Ángeles Fromow, Directora General de MAF & Asociados, manifestó que se debe evaluar el impacto de los avances en materia legal, ya que son muchas las denuncias, pocos los detenidos y muchos menos los sentenciados.

En tercer lugar en el Termómetro TyT se colocó establecer sinergias con la industria privada (IP), aspecto que concentró el 25% de la participación. Se trata de ampliar acciones que se han emprendido en conjunto como el C4 que cámaras y asociaciones del sector pusieron en marcha en Puebla con el apoyo de autoridades estatales y federales.

Este modelo busca ser replicado en otras rutas como la México-Puebla-Veracruz y la México-Querétaro-Guanajuato-Lázaro Cárdenas, consideradas como las de mayor incidencia delictiva.

Otras iniciativas también han sido exitosas, tal es el caso de la puesta en marcha y operación de la plataforma Centinela de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), la cual logró, en los primeros cuatro meses del año, la detención de 56 presuntos delincuentes.

La agrupación liderada por Víctor Manuel Presichi también desarrolló el Corredor Seguro Occidente, donde están firmados Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Michoacán; así como el Corredor Seguro Centro, con convenios con Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla.

Finalmente, el 9% de los votantes consideró que ofrecer transparencia en los corralones es la mejor estrategia para inhibir delitos contra el autotransporte. La propia ANERPV ha señalado que, aunado al incesante robo a vehículos de carga en carreteras del país, un lastre que provoca severos problemas a los transportistas que se ven involucrados en estos hechos son las concesiones y/u operación irregular de los servicios de grúa y corralones.

Tarifas arbitrarias, rapiña, daños, robo de autopartes o de mercancía, son algunos de los problemas que se enfrentan los transportistas en estos sitios.

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