La Comisión de Infraestructura en la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo propósito central es generar un Registro Único de Contratistas.

Las reformas incluyen modificaciones a los artículos 32, 36,74 Bis para establecer la manera en que se registrarán las empresas, y la adición de un artículo 10 Bis a fin de incorporar el uso de nuevas tecnologías y mejores prácticas internacionales para el diseño, ejecución, planeación y seguimiento de los recursos públicos en las obras.

También se reforma el artículo 24 para que por ningún motivo se pueda licitar ninguna obra que no tenga completos proyectos ejecutivos, licencias, estudios de impacto ambiental y derechos de vías liberados, lo que promoverá el buen manejo de los recursos en materia de infraestructura.

Por otra parte, se modifica el artículo 50 con el fin de que la dependencia contratante otorgue un anticipo de hasta el 30 por ciento. Esto permitirá que el costo final sea menor, eliminar la discrecionalidad y brindar capacidad financiera a las empresas constructoras.

Asimismo, se reforman los artículos 53, 56 y 76, con la finalidad de ampliar la corresponsabilidad de la supervisión de las obras y ampliar el periodo de las fianzas de 12 a 24 meses, así como permitir que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tenga la facultad de vigilar las obras; todo esto repercutirá en el combate a la opacidad, los vicios ocultos y elevaría la calidad en la infraestructura.

El presidente de la Comisión, Ricardo Exsome, detalló que hoy se tiene un sistema de calificación de los concursos de licitación que consta de una parte técnica-administrativa y legal-financiera; sin embargo, la queja de los constructores es que los criterios de las dependencias tienden a la discrecionalidad, por lo que con estos cambios se terminará con la opacidad y se simplificarán las actividades administrativas.

Explicó que muchas obras tienen sobrecostos no necesariamente por la corrupción, sino debido a una mala planeación, lo que ocasiona retrasos y que los presupuestos se eleven por la falta de estudios resueltos. 

Modificaciones son producto del consenso

La diputada Anilú Ingram Vallines apuntó que estas modificaciones son un acierto; no obstante, indicó que se necesita presupuesto para ejecutar las obras. 

El diputado Jorge Francisco Corona Méndez (PVEM) propuso que se fije un mínimo en el rubro de anticipos, ya que de otra manera el artículo quedaría igual. 

El diputado Heriberto Aguilar planteó que la especialización de la empresa se vincule con el apartado de la experiencia y capacidad del contratista, porque de lo contrario continuaría la discrecionalidad.

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Nohemí Alemán expresó que el dictamen incluye las inquietudes del sector de la construcción y será de gran apoyo para el país, porque garantiza una mejor planeación de las obras en las ciudades y evita la opacidad al transparentar los recursos públicos en materia de infraestructura. 

Samuel Herrera aseveró que esta reforma genera el Registro Único de Contratistas, establece la corresponsabilidad entre supervisores y residentes, y fija los anticipos para liquidar las obras, lo que permitirá una mejor planeación en la infraestructura y evitará sobrecostos.

En su turno, el diputado Carlos Morales destacó que las reformas reforzarán de forma inmediata la competitividad, la planeación y la transparencia de la obra pública del país, lo que impulsará mejores criterios y calidad en la infraestructura, además de que ya no habrá “elefantes blancos”.

La diputada Rosalinda Domínguez manifestó que este dictamen fue el producto de un gran recorrido por las entidades federativas y del consenso de todos los grupos involucrados y de la sociedad civil.

Finalmente, el presidente de la Comisión anunció que el próximo 19 de noviembre, a las 10:00 horas, se llevará a cabo, de forma virtual, la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal.