La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) anunció un Protocolo de Transparencia y Atención Directa a Usuarios de Comercio Exterior y Autoridades Vinculadas, se trata de un mecanismo de atención, análisis y seguimiento de las problemáticas surgidas en la operación de las aduanas del país. 

El documento incluye la habilitación de espacios formales de atención, como mesas de trabajo y reuniones técnicas para que los usuarios presenten planteamientos específicos debidamente sustentados, detalló la ANAM en un comunicado.  

El Protocolo de Transparencia y Atención Directa a Usuarios de Comercio Exterior y Autoridades Vinculadas establece procedimientos para la identificación de competencias, la generación de propuestas de atención o solución, la documentación de acuerdos y el seguimiento institucional de los compromisos asumidos. 

Así, la autoridad busca promover una gestión ordenada, transparente y orientada a resultados.

Además, el documento fortalece la coordinación entre autoridades y usuarios mediante mecanismos de canalización para los asuntos que rebasen el ámbito de competencia local, además de impulsar la difusión de sus disposiciones entre la comunidad portuaria y los sectores vinculados al comercio exterior.

El usuario, autoridad o presentante interesado deberá presentar un planteamiento claro, específico y delimitado del asunto que se solicita atender. 

Contenido del planteamiento: 

  • Aduana en la que se presenta la problemática
  • Nombre del importador o exportador ibérico involucrado
  • Agente aduanal, agencia aduanal o representante legal. 
  • Recinto fiscalizado, terminal, almacén o instalación relacionada. 
  • Descripción concreta de la problemática. 
  • Documentación o elementos que permitan identificar la operación. 
  • Petición específica o punto que solicita revisar. 

La Aduana verificará que los solicitantes cuenten con personalidad, representación o interés jurídico suficiente para intervenir en el asunto. 

La ANAM prevé que este protocolo garantice la participación de los actores involucrados en cada caso, garantizando que los asuntos sean analizados con apego al marco jurídico aplicable y dentro de las atribuciones de cada autoridad.

Se trata de una estrategia que busca la trazabilidad de los procesos, el control de los asuntos atendidos y la generación de confianza entre autoridades y usuarios, al promover la legalidad, transparencia, certeza jurídica, rendición de cuentas y respeto institucional.

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