La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) celebró que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pusiera fin al programa que permitía la regularización de autos usados importados irregularmente de Estados Unidos y Canadá desde 2022.
“La culminación de tal decreto confirma las demandas de los distribuidores por eliminar la regularización de lo ilegal y dará certidumbre al mercado interno”, aseguró la AMDA en un comunicado.
La medida, que atiende uno de los reclamos de la industria automotriz en México, fue publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de diciembre de 2025.
De esta manera, el Gobierno federal abrogó el decreto implementado en 2022 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante el cual se fomentaba la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, e instruyó diversas acciones para las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Economía, de Seguridad y Protección Ciudadana y de Gobernación en relación con la importación definitiva de vehículos usados.
El polémico decreto
Una de las medidas que causaron gran controversia en el sector automotriz fue el “Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera”, el cual fue publicado el 19 de enero de 2022 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Este decreto para legalizar los llamados autos “chocolate” se prorrogó cada seis meses a partir de esa fecha y, con la última orden del 26 de septiembre de 2024, se extendió hasta el 30 de septiembre de 2026.
No obstante, la presidenta Sheinbaum reformó el artículo primero del decreto de 2022 y ajustó las fechas de implementación de la medida y sus posteriores modificaciones para acotarlas al 31 de diciembre de 2025, y no al 30 de septiembre de 2026.
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Este programa de regularización de autos usados importados fomentaba su ingreso a México mediante el pago de 2,500 pesos al Gobierno federal, el cual otorgaba una constancia de regularización para que, en 16 estados, se les otorgaran placas para poder circular.
Los 16 estados en donde operaba el programa fueron: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
De acuerdo con datos del Registro Público Vehicular, este programa permitió regularizar, al 25 de noviembre de 2025, 2 millones 987 mil 839 vehículos.
Para la AMDA, con la derogación del decreto “se termina con una medida que impactó negativamente al mercado interno con la suma de casi 3 millones de unidades altamente contaminantes, de dudosa procedencia y que desmejoraron la seguridad vial del país”.
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