El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) alista una reestructura en la Administración Pública Federal en la que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se convertiría en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
La propuesta enviada la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) y que posteriormente sería remitida al Congreso de la Unión, modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en sus artículos 26 y 36.
El documento recuerda que en abril de 2020 se eliminó de la estructura orgánica de la SCT –encabezada ahora por Jorge Arganis Díaz Leal– a la Subsecretaría de Comunicaciones; en consecuencia, la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión y la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento se adscribieron a la Subsecretaría de Transporte.
De igual modo, quedaron bajo la coordinación de la Subsecretaría de Infraestructura la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal y a Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario.
Es por ello, que el Gobierno federal considera adecuado ajustar la denominación actual de la dependencia a la de Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y así, desde su propio nombre se identifiquen los tres rubros principales de competencia: infraestructura, comunicaciones y transportes.
Esta iniciativa recuerda que el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de julio de 2020, plantea contribuir al bienestar social mediante la construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera accesible, segura, eficiente y sostenible, que conecte a las personas de cualquier condición, con visión de desarrollo regional e intermodal.
Por lo anterior, el Gobierno federal, a través de la SCT implementará procesos orientados a fortalecer, mantener y preservar el patrimonio vial, asegurando el tránsito seguro de los usuarios, la integración de las poblaciones de mayor marginación a los beneficios del desarrollo regional a través de una política pública con un fuerte componente de participación social, así como del sector privado.
