La Ley Aduanera, como marco normativo que regula la entrada y salida de mercancías, así como a los actores relacionados, ha incorporado reformas que penalizan gravemente las faltas, pero también ha abierto oportunidades para que agentes aduanales, transportistas, exportadoras e importadoras impulsen modelos de digitalización y transformen la obligación en una ventaja competitiva, coincidieron expertos en comercio exterior.
“México no podía mantener un sistema aduanero basado en controles predominantemente presenciales o con discrecionalidad operativa amplia, porque el comercio global exige trazabilidad, interoperabilidad y análisis de datos en tiempo real. En ese sentido, la ley responde a una necesidad real de actualización”, aseguró José Luis Valencia, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) Veracruz.
Para la firma de abogados VTZ, con experiencia en fiscalización, comercio exterior y aduanas, la ley se convierte en un instrumento de regulación más estricta que, aunque busca fortalecer la seguridad jurídica, también impone retos significativos en términos de eficiencia y competitividad para las empresas que operan en México.
“En nuestra experiencia asesorando a clientes de sectores clave —automotriz, farmacéutico y tecnológico— hemos constatado que la ley obliga a replantear estructuras internas de cumplimiento, inversión en sistemas digitales y protocolos de auditoría”, destacó Miguel Ángel Martínez, socio de VTZ.
En el caso de las empresas transportistas, la legislación convierte al transportista en un actor clave dentro del esquema de trazabilidad y fiscalización digital del comercio exterior, ya que el impacto se centra en la obligación reforzada de garantizar la veracidad y consistencia de la información contenida en el complemento Carta Porte y demás documentos electrónicos vinculados al traslado de mercancías.
“Cualquier discrepancia puede derivar en sanciones administrativas y fiscales, lo que exige una mayor inversión en sistemas de gestión documental y en procesos de verificación interna”, advirtió Martínez.
Transportistas, actores clave en la regulación
Los expertos coinciden en que la Ley Aduanera no es simplemente un instrumento técnico para el despacho de mercancías; es, en realidad, uno de los pilares estructurales del modelo económico de México, cuya economía depende en gran medida del comercio internacional (cerca del 30% del ingreso nacional proviene de aduanas) y de su integración en cadenas globales de valor.
Marcelo Escalante, miembro del consejo directivo del Comce, refiere que el despacho aduanero ya no es un acto meramente físico; es un proceso digital que inicia con la transmisión electrónica de información antes de que la mercancía llegue al punto de revisión y que posteriormente gestiona las obligaciones de todos los actores involucrados.
“Por supuesto que los prestadores de servicio público federal deberán asumir una responsabilidad solidaria con quien los contrata y el dueño de las mercancías. No está expresado en una regla, pero es inherente a su relación en el proceso”, explicó.
Agregó que, si un exportador se anticipa a programar la recolección de carga sin prever el cumplimiento normativo, o un importador genera instrucciones para cargar en puerto o aeropuerto y se detecta alguna omisión, imprecisión o dato erróneo en la modulación con la autoridad, al transportista le generaría estadías, pero lo más grave sería la pérdida de oportunidad para movilizar su unidad en otros servicios.
Asimismo, los transportistas tienen una responsabilidad como porteadores de carga por los riesgos que conllevan los movimientos en carretera, los cuales podrían interrumpir el flujo de suministro, generar interrupciones en tránsitos nacionales e internacionales y afectar rutas fiscales, con consecuencias punitivas.
El Comce Veracruz recomendó a los transportistas asegurarse de que sus clientes sean empresas cumplidas, con perfiles de confianza.
Mejores estándares
A pesar de que, para los actores involucrados en los procesos aduanales, la ley podría percibirse como “agresiva” y generar temor a la sobrerregulación, desde el Comce consideran que puede ser un mecanismo que promueva el cambio que necesita México.
“Transportistas, agentes aduanales y exportadoras e importadoras deben perder el miedo no solo a cumplir con los lineamientos, sino también a mantener una reputación como socios de negocio confiables”, consideró el director general del Comce Veracruz.
Sobre los costos que está generando el cumplimiento de la normativa, precisó que deben entenderse como una inversión para transitar hacia un modelo de comercio exterior más estructurado.
“La mejor forma de mantener líneas operativas de comercio exterior (importación y exportación) es mediante la planeación estratégica. Si alineamos la empresa desde la estructura organizacional y la actividad de comercio exterior con los objetivos de la organización, se pueden evitar costos extra”, afirmó.
Desde el punto de vista legal, los abogados confirman que la prevención en una empresa transportista, mediante controles sólidos y documentación impecable, es la estrategia más efectiva para garantizar seguridad jurídica y continuidad operativa frente a las nuevas exigencias de la Ley Aduanera.
“Sugerimos implementar programas de compliance aduanero que incluyan protocolos de revisión previa de documentos, auditorías internas periódicas y capacitación continua del personal involucrado en las operaciones de comercio exterior”, aconsejó Miguel Ángel Martínez, socio de la firma VTZ.
Asimismo, es indispensable la integración de sistemas informáticos que permitan la transmisión electrónica de la Manifestación de Valor, el complemento Carta Porte y demás documentos exigidos por la autoridad, reduciendo el riesgo de inconsistencias.
Los cambios en aduanas
La gestión aduanera tuvo un cambio significativo en 2021, con la entrada en funciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que reemplazó a la Administración General de Aduanas, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, y elevó su nivel institucional al depender directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La característica más importante de esta transición fue la incorporación operativa de personal militar, que desde su origen ha acompañado al personal civil, incluso ocupando cada vez más espacios. Este cambio transformó la actividad aduanera al priorizar la seguridad y la recaudación.
Ahora, con la Ley Aduanera vigente, los expertos señalan que se introduce un esquema de mayor fiscalización y control que inevitablemente incrementa la carga administrativa para los actores del comercio exterior.
“Si la autoridad privilegia criterios de riesgo y análisis inteligente de datos, el sistema puede volverse más eficiente. Si, por el contrario, la interpretación normativa se vuelve excesivamente rígida, el costo operativo puede incrementarse de manera significativa, especialmente para pequeñas y medianas empresas”, alertaron desde el Comce.
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