Este periodo electoral es una oportunidad para que la industria, transportistas y asociaciones del sector se relacionen con actores de la política para construir una agenda 2024-2030 que impulse la electromovilidad.

Por ello, el Termómetro TyT de esta semana – realizado a través de @revistatyt en X– indagó sobre las estrategias que son más apremiantes para integrar en dicha agenda e impulsar la movilidad eléctrica en el autotransporte.

El 29.6% de los participantes consideró que se requiere fortalecer la red eléctrica del país. Y es que Francisco Cabeza, Presidente de la Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico (AMIVE), señala que es necesario crear una estrategia hacia 2050 para proyectar el crecimiento del parque vehicular eléctrico, y en qué estados y zonas estará, para trabajar con la empresa de energía a fin de determinar la capacidad que se necesita, toda vez que es un proceso que tarda de 10 a 30 años.

“Aun cuando lo hemos hecho muy bien y ha habido muy buenos pilotos, desde vehículos Clase 2 a 8, necesitamos como industria organizarnos. Sabemos dónde operan los centros de distribución y dónde están las flotas; tenemos que decir: así va a ser nuestra demanda energética en el país”, comparte en entrevista para TyT. 

En este sentido, dijo que se requiere educar a los tomadores de decisiones para que sepan qué riesgos pueden correr y cómo los pueden mitigar, y a partir de ahí hacer una estrategia a nivel nacional.

El Termómetro TyT también encontró que el 26.9% consideró que se requiere un estímulo a la compra y producción. Si bien actualmente ya existen algunos incentivos fiscales, subsidios y otros beneficios gubernamentales para la compra de vehículos eléctricos, como la exención del pago de impuestos de importación de unidades nuevas de transporte de mercancías, para transporte de pasajeros y ligeros, no existen inversiones gubernamentales significativas como en otros países. 

Por ejemplo, recientemente el Gobierno de Joe Biden anunció que serán destinados casi 1,500 millones de dólares (mdd) para apoyar la transición a vehículos pesados hacia las cero emisiones.

Realizado a través de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), el nuevo programa de subvenciones incluye el financiamiento a las unidades, infraestructura y desarrollo de la fuerza laboral para abordar el cambio climático.

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Otro aspecto que encontró el Termómetro TyT es que el 22.4% de los participantes considera que se requiere una red pública de cargadores y es que si bien muchas empresas están colocando infraestructura en sus propios patios, aún no se tiene un plan para ello.

La Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, aún en análisis en CONAMER, plantea estrategias a corto plazo como la aplicación de tarifas eléctricas preferenciales para la carga; la adopción de esquemas de generación distribuida con paneles fotovoltaicos para el suministro de las electrolineras; crear una normativa de condiciones de seguridad en sitios de recarga.

El objetivo a largo plazo es impulsar la creación de una red pública de carga rápida y/o cualquier otra tecnología viable y superior en puntos estratégicos de carreteras y vialidades del país, apoyados por estudios de factibilidad técnica. 

Finalmente, el 21.1% de los participantes consideró que se requiere crear un marco normativo en la materia, pues actualmente no hay una regulación para los tipos de cargadores, toda vez que en el mercado mexicano están disponibles norteamericanos, europeos y asiaticos. 

La mencionada Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica busca que en 2030 se promulgue una normatividad de homologación de cargadores eléctricos. Asimismo, busca en el corto plazo generar Normas Oficiales Mexicanas que definan los lineamientos mínimos de seguridad de los componentes y unidades terminadas de vehículos eléctricos pesados para carga y pasaje.