Diputados del Congreso de Querétaro acordaron con transportistas y grueros incorporar a la iniciativa de reforma en materia de salvamento y arrastre las principales demandas del sector, entre ellas reglas claras, tarifas justas y procedimientos transparentes que permitan erradicar los abusos en la prestación del servicio.
Durante un foro ciudadano organizado por los diputados locales Eric Silva Hernández y María Blanca Flor Benítez Estrada, representantes del sector —entre ellos gremios, asociaciones, sindicatos y federaciones de transportistas y grueros— expusieron sus propuestas sobre los cambios planteados en la iniciativa, con el objetivo de revisar aspectos relacionados con la prestación del servicio de grúas, la transparencia, los procedimientos y la protección de los derechos de las personas usuarias.
Los representantes del sector coincidieron en que la iniciativa debe atender las problemáticas que enfrentan los usuarios del servicio de grúas, como cobros elevados e injustificados, falta de transparencia, operación de grúas “pirata” sin concesión, condiciones deficientes en los corralones que ponen en riesgo la integridad de los vehículos y la ausencia de mecanismos claros para proteger los derechos de las personas usuarias.
El foro contó con la presencia del diputado federal con licencia Gilberto Herrera Ruiz, quien refrendó su respaldo a la iniciativa y señaló que el servicio de salvamento y arrastre es un tema que afecta a miles de familias queretanas, particularmente a aquellas con menores recursos.
Al cierre del encuentro, los asistentes manifestaron su respaldo a la iniciativa y coincidieron en que es urgente una reforma que ponga fin a los abusos en el servicio de salvamento y arrastre.
La iniciativa
En mayo pasado, el diputado Eric Silva presentó una iniciativa para modificar la Ley de Servicios Auxiliares de Querétaro y proponer la creación de una aplicación mediante la cual usuarios y prestadores del servicio puedan conocer las tarifas que deberán pagarse en caso de un arrastre.
El objetivo es evitar los abusos en los cobros por parte de los concesionarios del servicio de grúas hacia los transportistas.
La iniciativa, que retoma el esquema aplicado en el estado de Guanajuato, también contempla la creación de un Consejo Ciudadano de Vigilancia encargado de supervisar el cumplimiento de la ley. Dicho organismo estaría integrado por ciudadanos y prestadores de servicios auxiliares, quienes vigilarían que las personas que ofrecen el servicio operen conforme a la normatividad vigente.
La iniciativa aún se encuentra en análisis; sin embargo, los diputados Eric Silva y Blanca Benítez anunciaron que darán seguimiento a las propuestas presentadas y continuarán abriendo espacios de diálogo para enriquecer la reforma, con el objetivo de que sea aprobada en comisión.
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