En la segunda jornada de audiencias públicas sobre prisión preventiva oficiosa en la Cámara de Diputados, José Refugio Muñoz, vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) y presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención del Delito de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), se pronunció a favor de que el robo al autotransporte de carga se considere como grave.

Sostuvo que la afectación patrimonial por este delito asciende a 92,500 millones de pesos, equivalente a 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto, por lo que propuso diseñar una estrategia para que el Sistema Penal Acusatorio funcione en favor de las víctimas.

 

“Es evidente que falta un marco jurídico adecuado, porque es insuficiente considerar el robo de transporte de carga como delito federal”, manifestó.

 

El directivo añadió que es necesario integrarlo al catálogo de delitos graves por ser de las conductas delictivas mas dañinas para la sociedad, no sólo por la afectación patrimonial que ocasiona, sino por los niveles de violencia que ha alcanzado, lo que constituye un grave riesgo para la seguridad pública.

En esta misma sesión, el director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Recaredo Arias Jiménez, se sumó a esta iniciativa.

Pidió que se considere en este catálogo el robo de vehículos y transporte, pues manifestó que en los últimos años este crimen incrementó 47.4 por ciento, al pasar de 66,500 autos robados en 2015, a 99,300 a diciembre de 2018.

En el caso de vehículos de carga pesada y mercancías, señaló que las cifras de hurto se han duplicado en los últimos cinco años.

“En 2014 eran cerca de 6,000 unidades robadas, en la actualidad son 12,500, 32 al día. Si se considera que sólo 25 por ciento de ese tipo de vehículos está asegurado, la cifra real podría ser cuatro veces mayor”, afirmó.

Añadió que ocho de 10 robos son con violencia, lesiones y daños a las víctimas y se acompaña de otros impactos negativos, como la menor recuperación, que en 2014 era de 50 por ciento y en la actualidad es de 35 por ciento.

Arturo Enrique Mendicuti Narro, vicepresidente de Seguridad de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), apoyó la propuesta del Poder Legislativo para incrementar el catálogo de delitos que ameriten la prisión preventiva oficiosa con la reforma al artículo 19 constitucional.

Solicitó que se incluya el robo a casa habitación, a negocio, vehículos y al transporte en todas sus modalidades, y extorsión o cobro de piso.

Armando López Gutiérrez, coordinador de la Comisión de Leyes y Reglamentos de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), solicitó que el robo al autotransporte de pasajeros se considere como un delito grave y se ejerza la prisión preventiva oficiosa a fin de reducir la impunidad. Dijo no estar en contra de la presunción de inocencia ni del debido proceso, pero la vida de los usuarios y conductores se debe salvaguardar y frenar a la delincuencia.

Destacó el papel estratégico de este sector para la economía nacional, al trasladar a 95.8% de los pasajeros, con la contribución del 2.54 por ciento del PIB en 2017 y un crecimiento de 300% en el último año.

“La prisión preventiva oficiosa tiene que considerarse como un elemento que no extinga el reconocimiento de otros delitos, porque actualmente los delincuentes que asaltan a los usuarios del autotransporte reinciden, y cada vez con más violencia, ante la falta de un Estado de derecho”, manifestó.

 

Salvador González Reyes, presidente de la Comisión de Enlace Legislativo y otros órganos de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, AC (Conatram), aseguró que la falta de esta figura es de vida o muerte, pues en todo el país los operadores son asaltados, vejados y asesinados, por lo que esta acción daría certeza a las inversiones.


“El robo a transporte se ha convertido en algo frecuente, algo está fallando. Tuvimos un caso en Guanajuato en que el Ministerio Público amenazó a quien estaba denunciando; la reincidencia se da por la falta de un modelo que someta a los responsables, pues de 120 imputados únicamente 62 se encuentran en prisión, a pesar de que son atrapados junto a los camiones robados y la mercancía”, señaló.

Las posiciones en contra

En esta segunda jornada de audiencias, expertos, sociedad civil y hasta la ONU manifestaron su rechazo a la reforma constitucional que ampliaría el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, en los que se incluiría el feminicidio, abuso sexual a menores, desaparición forzada, posesión de armas de fuego, robo a casa habitación y al transporte de carga en todas sus modalidades.

El representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, afirmó que, desde la perspectiva de los estándares internacionales, esta medida es violatoria de los derechos humanos.

 

“El Congreso debería estar dando pasos decididos en dirección opuesta; más que discutir la eventual extensión, tendría que estar planteando la eliminación de ese tipo de reclusión”, consideró.

 

Explicó que el planteamiento no es derogar la prisión preventiva justificada, ni dejar a todas las personas imputadas libres, sino entender que la prisión oficiosa es automática, obligatoria y supone la privación de garantías procesales básicas.

Por su lado, Luis Tapia Olivares, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que no se oponen al uso de la prisión preventiva, sino que sea de manera oficiosa no justificada, además que desvía el tema central de la seguridad e impunidad.

 

“Esto se combate con investigaciones serias, con procuración de justicia preparada, policías capacitados, no con cambios legislativos. Esta propuesta afecta a las personas pobres e inocentes, pues en todos los casos de encarcelamiento injusto, además de la tortura y el abuso sexual, hubo prisión preventiva”, aseguró.

 

Cristina Reyes, colaboradora de México Unido contra la Delincuencia, exhortó a la Cámara de Diputados a que no se apruebe el dictamen del Senado.

 

“Nos parece un gran absurdo que se pretenda continuar subsanando la incapacidad de argumentar en audiencia las razones por el cual un caso amerita las medidas”, expresó.

 

Insistió en que esta medida no ha contribuido en la disminución de la corrupción y la criminalidad, a pesar de que es una herramienta incluida en la Constitución y que lleva funcionando desde 1917, aunque con diferentes nombres.

La discusión continúa este viernes en el Palacio Legislativo de San Lázaro.